Los ojos del mundo están puestos sobre Guatemala, por la resolución de la Corte de Constitucionalidad que ordenó una revisión de las actas de las elecciones presidenciales. Esto genera una gran preocupación en la ciudadanía, porque es una decisión que no únicamente pone en riesgo el proceso electoral, sino nuestra soberanía.

A medida que pasan los días, aumentan aún más los temores del pueblo, por la decisión del poder Judicial de no formalizar los resultados de las votaciones. A esta terrible situación siguen agregándose las voces de diversos sectores del país, sobre la importancia de mantener el estado de Derecho, respetando la clara voluntad de los ciudadanos, expresada en las elecciones del 25 de junio. Ahora es obligación de los magistrados del TSE hacer que se cumpla la ley electoral y garantizar que la voluntad del pueblo ya manifestada sea respetada.

Las misiones de observación de la Unión Europea y de la Organización de Estados Americanos (OEA) han advertido del riesgo de que la injerencia en la logística electoral pueda socavar la estabilidad democrática del país, estando a tan solo un mes y medio del balotaje. Por su parte, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, firmó una nota que contiene la profunda preocupación de la Casa Blanca sobre los intentos de interferir en la votación. Estados Unidos apoya el derecho constitucional del pueblo guatemalteco a elegir a sus líderes a través de elecciones libres y justas. Las últimas acciones del gobierno y los poderes de facto del país “violan el espíritu de la Constitución guatemalteca y amenazan la legitimidad de su proceso democrático”.

Un plan a todas luces descarado, que inició el viernes 30 de junio (día de asueto), se trasladó para lunes (aunque no procedía), con el fin de agenciarse cuatro días para hacer extraños movimientos en las cortes y que la gente no se percatara rápidamente. Hasta organizaron un desfile militar para distraer la atención. El domingo por la noche, el Tribunal Supremo Electoral accedió a la solicitud realizada durante el fin de semana por la Corte de Constitucionalidad, basada en el recurso presentado por nueve agrupaciones políticas —promovido maliciosamente, en su mayoría, por algunos partidos con irrelevantes resultados, menores al 1% de los votos—.

Según ellos, el objetivo es hacer posible un nuevo control de las papeletas para evitar posibles errores en informes escritos y digitales, que puedan afectar la correcta asignación de los cargos colocados para la elección. Sin embargo, la percepción tanto nacional como la comunidad internacional tienen claro el verdadero escenario postelectoral que se montó para desestabilizar y alterar desesperadamente los sorpresivos resultados que no le gustaron a la mayoría de corruptos.

Aquí no se trata de ideologías de derecha o izquierda, tampoco de ateos o religiosos, de progresistas o conservadores. Se trata de mantener el statu quo de corrupción o empezar a transformar nuestro país con valores, principios y hacer que el Estado funcione.

La ciudadanía está harta de los abusos del gobierno y sus secuaces, quienes han cooptado todas las instituciones públicas, convirtiéndolas en engranajes para enriquecerse exponencialmente y cometer abusos de poder. Hoy el obstáculo inmediato son estas elecciones, y el objetivo es encontrar a toda costa una argucia legal para suspenderlas o alterar los resultados.

Hasta ahora se dibuja una segunda vuelta entre Sandra Torres, de la UNE, y Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla. Y si esto no se respeta, seguramente tendrá tarde o temprano consecuencias legales para quienes lo provocaron y ejecutaron, porque es un atentado contra la voluntad del pueblo.