¿Cuántas veces nos hemos topado con un trámite sin sentido? Que falta un sello, una firma, copia de algún documento. Y así en Guatemala nos encanta hacer filas, llenar formularios, por lo burocrático que se tornan las instituciones, se ha vuelto un país de trámites, según el último estudio del BID titulado el Fin del Trámite Eterno, en nuestro país se necesita un promedio de 4.5 horas para hacer un trámite y el 37% de los trámites requieren tres interacciones o más para su resolución, con lo cual somos el país con más número de trámites gestionados por el gobierno central en América Latina y el Caribe (5,000 trámites en total).

Esto, en un mundo donde cada vez se va a exigir más el distanciamiento social y que todo comience a ser en línea, puede ser una excelente oportunidad para que el Gobierno genere una estrategia digital para Guatemala. Hace algunas semanas el Centro Presidencial George W. Bush, que tiene su sede en la ciudad de Dallas, presentó de manera virtual el documento titulado una Estrategia Digital para la competitividad y la integración en el Triángulo Norte, donde se abordó la transformación digital como una oportunidad para que la región supere obstáculos importantes en materia de gobernabilidad, desarrollo económico y social.

La estrategia se basa en cinco recomendaciones de política pública que, para el caso de Guatemala, pueden ser la base para muchas acciones puntuales en temas relacionados a: establecer un marco de gobernanza digital completo, ampliar los servicios clave del gobierno electrónico, mejorar la distribución de banda ancha y espectro, fomentar ecosistemas de alta tecnología e invertir en una fuerza de trabajo capacitada digitalmente.

Estos cinco temas tienen acciones clave que se puede desarrollar en cada país para seguir avanzando en una estrategia digital que permita no solo reducir los trámites burocráticos, sino acelerar la capacidad digital de las personas y fortalecer su proceso de desarrollo.

En términos prácticos, el marco de gobernanza digital completo incluye varios objetivos que pueden enmarcarse en cómo proteger la privacidad, transferencia de datos, identificación digital, protección de registros, capacidades para el comercio electrónico, acceso público de datos del gobierno, ciberseguridad e interoperabilidad de los sistemas. Un ejemplo muy claro de políticas públicas en estos temas es la iniciativa de Ley de prevención y protección contra la ciberdelincuencia, que ya cuenta con dictamen favorable, pero que está pendiente de su aprobación en primer debate.

En cuanto a ampliar los servicios clave del gobierno electrónico, un tema crítico es comenzar a estandarizar los portales de las instituciones públicas, promoviendo la transparencia, así como establecer criterios mínimos en los registros. Un ejemplo claro es que el Registro de Personas Jurídicas del Ministerio de Gobernación, por ejemplo, no permita reuniones virtuales de asambleas de fundaciones y asociaciones en estos momentos críticos de la pandemia. Una clara ineficiencia en los servicios públicos.

En el tema de mejorar los servicios de banda ancha, se debe trabajar directamente con las municipalidades para transparentar el cobro de licencia de construcción por introducción de cableado de fibra óptica, que permita mejorar la infraestructura existente. Y en términos prácticos ir replicando casos de éxito de los ecosistemas de tecnología, así como avanzar en aumentar las capacidades digitales de la población. Todos estos esfuerzos deben ir enmarcados a ir reduciendo trámites y generando mayor integración regional.