Estados Unidos
Conciencia
Un sistema penitenciario funcional
No basta con construir más cárceles. Guatemala también necesita un sistema penitenciario distinto.
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Cada vez que en Guatemala ocurre una fuga, un motín o se señala que desde la cárcel se coordinan extorsiones, el Sistema Penitenciario (SP) vuelve a ser señalado. Se habla de la falta de control, se piden sanciones y se exige que no vuelva a suceder. Sin embargo, pocas veces se analiza por qué el sistema llegó a ese punto y qué tendría que cambiar para que realmente funcione.
Los privados de libertad tienen distintos perfiles y exigen modelos de gestión diferentes.
El SP es una pieza del sistema de justicia penal. Su responsabilidad no termina cuando una persona ingresa a prisión; más bien, ahí comienza. Debe garantizar el cumplimiento de la condena, evitar que desde las cárceles se siga cometiendo delito y, al mismo tiempo, crear condiciones para reducir la reincidencia. Cumplir esas tres tareas se ha vuelto cada vez más difícil porque el sistema opera desde hace años muy por encima de su capacidad.
La infraestructura es el mayor desafío. A junio de este año había 23 mil 40 personas privadas de libertad para un sistema diseñado para alrededor de siete mil 600. Con un hacinamiento superior al 300%, mantener el orden ya representa un enorme reto. En esas condiciones resulta muy difícil clasificar a los privados de libertad según su nivel de riesgo, separarlos adecuadamente o desarrollar programas permanentes de educación, capacitación para el trabajo o tratamiento de adicciones. La prioridad termina siendo resolver la coyuntura.
Con frecuencia se piensa que las cárceles están ocupadas principalmente por pandilleros, quizá por la influencia de lo que ocurre en El Salvador. En Guatemala la realidad es distinta. En junio, únicamente el 7.5% de la población penitenciaria pertenecía a maras o pandillas. El otro 92.5% corresponde a personas vinculadas con distintos delitos.
Contar con el perfil de los distintos privados de libertad es crucial. En las cárceles conviven miembros de pandillas, integrantes del crimen organizado, personas vinculadas al narcotráfico y privados de libertad condenados por muchos otros delitos. No todos representan el mismo nivel de riesgo. Tampoco requieren el mismo tipo de control y hay muchos que pueden rehabilitarse.
Si los perfiles son diferentes, también deberían serlo los centros penitenciarios. La experiencia de República Dominicana muestra que clasificar a la población privada de libertad y diseñar la infraestructura de acuerdo con esos perfiles facilita el control y permite aprovechar mejor los recursos disponibles. Los centros de máxima seguridad seguirán siendo indispensables para determinados privados de libertad, pero no pueden ser la única respuesta.
Guatemala no tiene que empezar de cero. En 2017 la Cárcel de Mujeres Fraijanes 1 adoptó un modelo de gestión inspirado en la experiencia dominicana. Además del control y la seguridad, incorporó programas de educación, capacitación para el trabajo y readaptación social bajo un régimen de cero ocio. La experiencia demuestra que es posible combinar seguridad y rehabilitación cuando existe un modelo adecuado. Replicar ese enfoque requiere separar los distintos perfiles, contar con infraestructura apropiada y disponer del personal necesario para operarla.
El Sistema Penitenciario ocupa un espacio importante en la discusión del Enade 2026 sobre justicia criminal. Reducir la violencia exige que cada institución cumpla su función. En el caso del SP, además de custodiar a las personas privadas de libertad, debe impedir que se siga delinquiendo desde las cárceles y contribuir a disminuir la reincidencia.
Por lo tanto, no solo se trata de construir más cárceles, sino que Guatemala necesita distintos modelos penitenciarios, acordes con el perfil de quienes cumplen condena. Avanzar en esa dirección permitiría fortalecer el control dentro de los centros, crear mejores condiciones para la rehabilitación y aportar a una mayor seguridad para todos los ciudadanos.
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