Estados Unidos
A contraluz
Una denuncia que debe ser esclarecida
Se debe investigar a fondo la denuncia de Arenas de que un grupo de políticos quiere asesinarlo.
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El medio electrónico República denunció la existencia de un supuesto plan para asesinar a su presidente Rodrigo Arenas, así como a miembros de su equipo editorial. Acusó directamente a Roberto Arzú de haberse reunido con Luis Contreras, presidente del Congreso; los diputados Luis Aguirre, Nery Ramos y César Fión para planificar el crimen. Aseguró que lo hicieron en compañía de “capos del narcotráfico” que iban a contratar a sicarios de Malacatán, San Marcos. Esta denuncia requiere una investigación exhaustiva del Ministerio Público (MP) para determinar su veracidad y, si se llegara a comprobar, que el peso de la ley caiga sobre quienes resulten responsables.
Arenas ha sido un actor antidemocrático que ha incurrido en financiamiento electoral ilícito.
En forma paralela hizo circular un documento en el que señala a los aludidos en este supuesto plan, así como a otros políticos, de tener componendas con el narcotráfico. El informe, que no identifica las fuentes de información que utilizó, recoge lo que otros medios, como diario elPeriódico, han divulgado en varias ocasiones. Llama la atención que se centra en algunos actores, pero ignora a otros políticos sobre quienes existen serias sospechas de su involucramiento en el narcotráfico. ¿Le faltó información o solo incluyó a quienes no quiere que participen en los próximos comicios, ya que haber publicado el informe en inglés deja ver quién podría haber sido el principal destinatario?
La duda es válida porque pareciera que Arenas ahora sí estaría preocupado por salvaguardar la democracia, pero no siempre ha sido así. El presidente de este medio web responde a los intereses de empresarios muy conservadores, los mismos que han financiado a la Fundación contra el Terrorismo. Por medio de Arenas, esos sectores han buscado incidir en las elecciones de forma ilegal. En 2018, fue ligado a proceso por el delito de financiamiento electoral ilícito para favorecer la campaña electoral de Jimmy Morales. En esa oportunidad, el expresidente de la Cámara de la Construcción, José Luis Agüero, confesó que entregó dinero a Arenas a solicitud de Alejandro Sinibaldi, uno de los ministros más corruptos de Pérez Molina.
En junio pasado, el diario The Washington Post reveló que Arenas había contratado la firma Corcoran Partners por US$420 mil para lograr un giro de EE. UU. a la derecha en Guatemala, o sea un cabildeo contra el gobierno de Bernardo Arévalo. Producto de esas gestiones los sectores empresariales conservadores lograron la presión estadounidense para que los diputados eligieran a Roberto Molina Barrreto como magistrado de la Corte de Constitucionalidad. Paradójicamente ese magistrado ha apoyado fallos favorables a narcotraficantes y ha adoptado posturas antidemocráticas.
Arenas también alabó la gestión de Consuelo Porras, al frente del MP, por considerar que ella tenía una actitud contraria al actual gobierno. El Departamento de Estado, de EE. UU., tiene una opinión diferente de Porras, a quien incluyó en la lista Engels de actores corruptos y antidemocráticos. Recientemente, República lanzó una campaña contra ePinvestiga, el medio electrónico sucesor de elPeriódico, al que señaló de publicar notas contra el presidente estadounidense, con el velado interés de que Washington considere hostil a ese medio, que sufrió los embates de Porras.
Estas situaciones generan muchas dudas sobre los verdaderos objetivos de Arenas y de sus conexiones ultraderechistas. Por supuesto, es fundamental el combate del narcotráfico que se ha incrustado en las estructuras partidarias. Sin embargo, eso debe deslindarse de los intereses oligárquicos de comenzar una cacería de brujas contra posibles candidatos que no le son afines.
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