Como parte de las acciones del Gobierno de la República de contar con un instrumento de política pública para impulsar mayor productividad y crecimiento económico, se le está dando seguimiento por parte del Programa Nacional de Competitividad (Pronacom) a la Política Nacional de Competitividad 2018-2032. Este esfuerzo que desde la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) se viene fortaleciendo, a través del acompañamiento a la elaboración de los distintos Planes de Desarrollo Municipal y Ordenamiento Territorial que se requieren, son un mecanismo claro de apoyo a este esfuerzo y a la Agenda de Desarrollo Urbano para el país.

Recordemos que Guatemala es uno de los países menos urbanizados del continente americano, únicamente 54% de nuestra población vive en áreas urbanas. Lo cual presenta un gran desafío para el país para el año 2041, en donde se estima que este porcentaje aumentará a cerca del 80% con un total de población de 21.3 millones de personas. Esto no solo le traerá un enorme reto al área metropolitana, que concentrará mayoritariamente a gran cantidad de la población, sino a las denominadas Ciudades Intermedias, integradas por los territorios comprendidos de Quetzaltenango, Cobán, Huehuetenango, Retalhuleu y Mazatenango, Zacapa y Chiquimula, Escuintla, Puerto Barrios, Antigua Guatemala y Flores en Petén.

Las ciudades intermedias son hoy por hoy un enfoque claro de la Agenda de Desarrollo Urbano para el país, en la que diferentes sectores tienen la gran oportunidad de trabajar hacia potencializar a los equipos técnicos de las alcaldías en diferentes espacios.

Esta oportunidad de que desde el sector privado se continúe apoyando a los esfuerzos locales para generar mayor desarrollo urbano está no solo teniendo un impacto directo en aumentar la inversión, sino está generando un trabajo participativo y colectivo que ayuda a elevar la capacidad técnica de los equipos municipales, aunado a un esfuerzo plural desde actores de sociedad civil para apoyar la inversión conjunta.

Los procesos de inversión en las ciudades son dinámicos y necesitan un impulso que tome en cuenta las necesidades de desarrollo a nivel de la planificación de cada ciudad intermedia, de la infraestructura estratégica para la movilidad, vivienda, transporte, infraestructura hídrica, corredores económicos y portafolios de proyectos específicos. Así mismo, es necesario pensar en mecanismos claros para atraer la inversión extranjera, fortalecer el capital humano y mejorar la certeza jurídica.

Adicionalmente, como bien se ha visto en el área metropolitana, se requiere un fuerte compromiso público-privado, para acelerar conversaciones entre los alcaldes, sus equipos técnicos, empresas y organizaciones de sociedad civil.

Según estimaciones realizadas por Fundesa se calcula que para convertir estos nueve territorios en ciudades intermedias que fomenten la atracción de inversión y el empleo digno, es preciso un proceso de urbanización que implica la provisión de servicios básicos como agua potable, saneamiento, electrificación y vivienda, con una inversión aproximada de US$2,800 millones de dólares durante un período de 15 años. A esto se suma una inversión de US$1,500 millones en salud, educación, seguridad y justicia, infraestructura y una inversión de US$200 millones en servicios. Esto no será posible si no buscamos mecanismos más innovadores como los que presenta la Ley General de Infraestructura Vial o las reformas a la Ley de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica.