La muerte de Yesmin, una niña guatemalteca de 2 años afectada desde su gestación por la desnutrición presente en más de la mitad de la población del país, es solo un caso más entre millones de niñas y niños cuyo destino se rifa a diario en negocios turbios y crímenes de Estado perpetrados por políticos, empresarios y organizaciones criminales, cuyo poder se consolida gracias a un sistema de administración de justicia corrupto y complaciente.

Yesmin pudo ser una de las niñas de la caravana de migrantes que huye de Honduras por las mismas razones que a ella la condenaron a muerte: una pobreza endémica, falta de oportunidades de trabajo, impunidad, abuso de poder y el abandono del Estado en toda la red de servicios públicos. Yesmin fue una víctima, entre millones, cuyo paso por la vida estaba marcado por las carencias comunes al subdesarrollo: ausencia de infraestructura sanitaria, saqueo del patrimonio nacional y toda clase de delitos relacionados con el manejo de la cosa pública. Es decir, el estilo de gobierno de países como Guatemala y Honduras, cuyas banderas figuran en las gráficas de los indicadores de desarrollo humano como las peor situadas.

Guatemala y Honduras son países hermanos. Pero esa hermandad de los pueblos se manifiesta, en los gobiernos, por medio de la complicidad criminal para acabar con la democracia, fortalecer el poder de las organizaciones criminales que alimentan las caletas de militares, políticos y empresarios, permitir el despojo abierto y sin disimulo de la riqueza natural —operado por los grandes consorcios nacionales e internacionales— e ignorar de manera sistemática los reclamos de la población, aplicando en su contra todo el aparato represivo, paradójicamente financiado por quienes reciben los golpes.

Las escenas de la caravana de migrantes hondureños que atraviesa Guatemala en su ruta hacia Estados Unidos dejan claro cómo los gobiernos de estos dos países se confabulan para hacerle el favor al imperio. Sometidos a las órdenes del Departamento de Estado y su exigencia de detener a los migrantes, arremeten con todo su arsenal —policíaco y militar— en contra de familias enteras que solo buscan una oportunidad de vida más allá de sus fronteras. Las escenas son estremecedoras y ponen de manifiesto que las leyes internacionales, para estos gobiernos, valen tanto como las locales violadas a diario.

En la página de la OEA se puede leer lo siguiente: “Todos los migrantes, en virtud de su dignidad humana, están protegidos por el derecho internacional de los derechos humanos, sin discriminación, en condiciones de igualdad con los ciudadanos, independientemente de su situación administrativa o de su condición. Sin embargo, a pesar del marco jurídico existente, los migrantes en todo el mundo siguen sufriendo abusos, explotación y violencia”.
Entonces, es pertinente preguntarles a los directivos de esa organización, cuya reputación sigue manchada por acciones a favor de los golpes de Estado, ¿cómo es posible su indiferencia ante la violencia ejercida por las fuerzas armadas guatemaltecas en contra de una caravana pacífica, a la cual, en lugar de darle palos, hay que darle apoyo?

Asimismo, el trato prodigado por los medios de comunicación a este sensible tema debe estar en concordancia con ese postulado, y abstenerse de alimentar juicios basados en la discriminación y la xenofobia tan propios de una opinión pública insensible a la tragedia de los más pobres, como suele suceder. Los “migrantes” somos todos, más temprano o más tarde. El derecho de emigrar es un derecho humano consagrado por las leyes internacionales y es de humanos respetarlo.