Las triquiñuelas de quienes buscan evadir a la justicia son interminables y a esa lista se siguen agregando funcionarios y exfuncionarios que luchan por todos los medios para evitar su cita con los órganos jurisdiccionales, aunque para ello se valgan de argumentos leguleyos, lo cual solo refuerza la imagen de que buscan aprovecharse de los vericuetos judiciales.

El último en sumarse a la línea de personajes que buscan entorpecer el esclarecimiento de la verdad es el alcalde Álvaro Arzú, quien lucha por todos los medios para no encontrarse con la jueza de Instancia Penal Silvia Morales, quien debe escuchar sus argumentos ante la acusación que pesa sobre él de incitación a la violencia.

Arzú, un político caracterizado por su intolerancia y su sensibilidad a la crítica, quiso evadir citas previas por medio de sus abogados, a quienes les fueron rechazados los argumentos en cada citación judicial. En un vano intento por evitarlo interpuso un amparo en la Sala de Delitos de Femicidio, una judicatura conocida por amparar a figuras cuestionadas, aunque al edil no le aceptó su planteamiento.

El de Arzú es apenas el más reciente caso de políticos que están enfrascados en entorpecer los procesos judiciales, como lo denunciaban recientemente la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y el Ministerio Público, que llevan meses intentando que algunos juicios avancen, pero los múltiples recursos de señalados han retardado las audiencias.

Antes del jefe edil también había buscado ese beneficio el empresario Gustavo Alejos, quien logró que la Sala de la Corte de Apelaciones de Delitos de Femicidio y Delitos contra la Mujer frenara la audiencia en la que debía dar inicio el juicio en el caso Negociantes de la salud, porque quienes están acusados en un caso de corrupción en el IGSS buscan separar del proceso a la jueza Silvia de León.

A esa sui géneris sala están acudiendo quienes tratan de pervertir el sistema judicial y hacerlo inoperante, para que ningún proceso avance, sobre todo los relacionados con casos de corrupción, aquellos donde más gravita el tráfico de influencias.

En el caso de Arzú, la situación es más delicada, pues sus abogados pretenden darle una interpretación personal a la ley, desatendiendo a la jueza, quien claramente ha expresado que el alcalde debe presentarse, por ser el sindicado, y así pueda ser escuchado sobre los cargos de incitación a la violencia, de lo cual existe una grabación.

Es seguro que las maniobras y afán de obstaculización de la justicia persistan, y que junto a Arzú muchos otros continuarán echando mano de mecanismos para no dar la cara, pero no se debe permitir que se paralice el sistema de justicia por acciones dilatorias.

Aunque el amparo es un recurso válido de defensa para cualquier señalado, en Guatemala su uso ha llegado a extremos de constituirse en un verdadero entorpecimiento de la justicia, pero también esas acciones son percibidas como un afán porque prevalezca la impunidad, y eso claramente significaría el debilitamiento o atrofia del estado de Derecho.