Esta semana fui invitada para facilitar un foro organizado por la Coordinadora General de Claustros y Asociaciones Docentes de la Usac e inaugurado por el rector de esa casa de estudios. En ese espacio se produjo una confrontación franca y abierta de posturas entre los panelistas: el comisionado de la Cicig, la Fiscal General; el presidente del Colegio de Abogados y Notarios (Cang) y un representante del cuerpo docente de esa casa de estudios, discusión que fue respetuosa, pero controversial. La contradicción versó alrededor de si la Usac debería mantenerse en los procesos de selección de las autoridades judiciales.

Hubo intervenciones que reivindicaron el rol histórico que ha jugado la Usac, excelsos académicos y connotados docentes que fueron martirizados por los cuerpos represivos del Estado durante la época de la contrainsurgencia.

La Usac, como universidad estatal, tiene constitucionalmente el deber de cooperar en el estudio y solución de los problemas nacionales y tiene responsabilidades específicas en la designación de autoridades estatales de primer nivel.

Ha sido un señalamiento constante la intromisión de intereses ajenos a la academia en la política universitaria para definir la elección de los delegados de la Carolina en las magistraturas de diverso nivel, lo cual ha menguado su prestigio y ha repercutido en detrimento de la independencia del sistema de justicia. Similar situación ocurrió con el Cang. Eso se dijo en el coloquio.

Con las reformas constitucionales al sistema de justicia que se están discutiendo, la Usac y el Cang quedarían fuera, pues la Fiscal aseguró que hay consenso en suprimir las comisiones de Postulación. Sin embargo, sigue también vigente el tema de la designación que hace la Universidad y el Colegio de los Magistrados a la Corte de Constitucionalidad y su suplente.

La Fiscal General reivindicó el acuerdo de paz relacionado con el fortalecimiento del poder civil que reconoció la debilidad del sistema de justicia, e hizo una serie de recomendaciones para garantizar su independencia, su probidad y modernizar el sistema. Hizo ver que en el proceso se han discutido 246 propuestas que recogió la Mesa Técnica, que incluyen las presentadas hace algunos años por el consorcio Usac, Landívar y Asíes.

Ella se reconoció como electa por poderes criminales, lo cual, afirmó, la define como una funcionaria de transición, quien la sustituya ya estará legitimado con un proceso transparente. Dijo que el sistema de justicia requiere de concursos públicos y la elección debe ser a través de la carrera judicial, por evaluación de desempeño. Indicó que el Consejo Superior Universitario debe ceder ese espacio, pues no logró tomar distancia de intereses particulares.

El comisionado de la Cicig, Iván Velásquez, valoró el diseño filosófico de las comisiones, como expresión de democracia, pero este se pervirtió y fue altamente discrecional. Sostuvo que la carrera judicial debe extenderse hasta magistrados de la Corte Suprema de Justicia, todo regido por el Consejo de la Carrera.

El presidente del Cang, Marco Sagastume, ratificó el apoyo a las reformas, pero no con la prisa que se están haciendo y señaló que sacar a la Usac es traicionar a la Patria y a su historia; afirmó que el colegio que representa debe participar en esos espacios, superando los errores que hubiera cometido.

El representante docente, Mynor Berganza, señaló que aunque apoyan un proceso de cambio, reivindican la participación de la Usac en la selección de quienes administran justicia; dijo que presentarán una propuesta alternativa para zanjar las diferencias.

Que el sistema de justicia no puede estar permeado a la corrupción fue un consenso en el coloquio, en donde al finalizar una docente señaló que solo si la Universidad se limpia debe participar.

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