Casi sin tregua se suceden hechos que nos reafirman que hay un sector —minoritario pero  muy poderoso— que no está dispuesto a perder sus privilegios, sus espacios de poder, sus fuentes de acumulación y riqueza, ni su margen de maniobra o derecho de picaporte.

En la esfera política vemos a una mayoría de diputados atrincherados en una alianza perversa para aprobar un paquete de leyes que constituyen una regresión en términos de derechos, pero sobre todo, empecinados en modificar los pequeños avances que se dieron con la aprobación de las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos en 2015, no sea que queden fuera de la reelección y se les esfumen los negocios y la tan preciada inmunidad de la que gozan como “padres y madres de la patria”, esa que defienden con tanta enjundia y encendidos en patrio ardimiento.

Resume muy bien sus intenciones el mensaje con muy florido lenguaje del diputado Ronald Sierra: “No vamos a conocer ni mierda hasta que no conozcamos el 205 ter”, en referencia a la reforma que busca restablecer el transfuguismo. A los legisladores se les suma el autodenominado “ni corrupto ni ladrón” que hundió al país en un agujero aún más profundo (si es que eso era posible tras el paso de la clica patriota) y que se ha dedicado a tratar de salvar su pellejo, el de su familia y el de los fundadores del vehículo electoral —que no partido— que lo llevó a la presidencia.

Parece que el mes de agosto no le sienta muy bien a Jimmy Morales. Hace un año se lanzó al vacío con la declaratoria de non grato del comisionado Iván Velásquez y 12 meses después hay intensos rumores sobre que piensa insistir negándose a renovarle la visa y obligando a su gabinete a firmar un acuerdo gubernativo para respaldar la decisión. Según cuentan fuentes siempre bien informadas, hay algunos ministros que no quieren firmar: una cosa es prestarse al acarreo y a la presión a los magistrados de la CC respaldando en bloque el absurdo de sacar del país al embajador de Suecia y otra, muy distinta, caer en desacato firmando una orden que contraviene una resolución del tribunal constitucional.

Por cierto que esto de las presiones a las cortes está de moda. Los mismos que alegan que las conferencias de prensa del MP y la Cicig violentan la independencia judicial, tienen meses de impulsar una campaña pública para presionar a la CC a que emita un fallo en el caso de una minera. Digamos que todo depende del cristal con que se mire.

Siguiendo con lo jurídico, la estrategia sigue siendo el retraso de los procesos y el ataque por la vía de los antejuicios a jueces y juezas que conocen los casos por delitos de corrupción. A esto hay que sumar una súbita preocupación por la presunción de inocencia y la prisión preventiva, temas que desde hace años venimos planteando deberían atenderse. Pero, claro, una cosa es que lo digamos los “defensores de delincuentes” que queremos que los traten como “angelitos”, y otra muy distinta ahora que se trata de la defensa de “honorables privados de libertad”.

Llama mucho la atención que una gran mayoría que ahora pide “respeto a los derechos elementales de las personas detenidas” sea la misma que aplaudió los asesinatos en Pavón y defiende la represión contra jóvenes en conflicto con la ley penal.

Así las cosas en este país donde se acude a “extranjeros” para atacar a “otros” extranjeros. Está claro que el punto no es la nacionalidad, sino el lado donde se ubican: visa y hasta residencia si defienden el statu quo; o expulsión y rechazo si abogan por transformarlo. Todo depende, como dijo Pepito.

@MarielosMonzon