Algo muy malo sucede cuando se pierde de vista el imperio de la justicia, transformándose los derechos humanos en un concepto relativo y perdiendo su carácter absoluto. Es entonces cuando se aplican normas diseñadas a la medida de intereses y percepciones arbitrarias. El ser humano no parece haber aprendido la lección: la imposición violenta de las creencias de uno por sobre los demás jamás será el camino para gozar de libertades básicas y, a partir de ahí, garantizar una relación de respeto para vivir en paz.

Los derechos fundamentales definidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) a estas alturas de la Historia son ignorados por la mayoría de los habitantes del planeta y, más grave aún, violados por la mayoría de Estados a través de gobiernos corruptos, dictatoriales, orientados a satisfacer demandas de centros de poder político y económico. De ahí los reclamos de independencia y autonomía de gobiernos en vías de desarrollo chocan con la realidad abrumadora de compromisos contraídos con otros más poderosos, desde cuyas capitales se decide la vida (y la muerte) del planeta.

El respeto por la vida es uno de esos derechos fundamentales sistemáticamente violados en un afán de supremacía de unos por sobre otros, o por grupos fundamentalistas cuyas doctrinas se imponen por la fuerza sobre población sujeta a la voluntad de quienes deciden sobre su destino. Pero también los violan, por apatía, quienes no los defienden.

Eso sucede cuando la sociedad no reacciona contra quienes los cometen desde sus posiciones de privilegio, y acepta con pasiva indiferencia la realidad del hambre y la miseria extrema como si fuera una maldición bíblica. También cuando los 15 o 20 casos diarios de asesinatos y desapariciones de niñas, niños y jóvenes se reducen a una nota de prensa leída sin perder el apetito. Resulta entonces imperativo comprender que hay problemas, y muy serios.

La sociedad vive momentos de extrema gravedad. Por un lado está la acumulación de tensión social provocada por las injusticias de un sistema inoperante, por otro una especie de parálisis ciudadana inducida por un manejo perverso del derecho a manifestación sin temor a represalias. Pero también hay contradicciones en el sentir ciudadano y estas se plantean de la manera más cruda en las frecuentes demandas por la aplicación de la pena de muerte contra jóvenes organizados en maras y exigiendo procesar como adultos a niños delincuentes.

Lo contradictorio en este caso es cierto afán de pasar por alto la causa primaria de esa violencia y de cómo estas organizaciones criminales tan odiadas por la sociedad han logrado establecerse y crecer. Ese fenómeno —causante de muerte, dolor, pérdida económica y miedo entre la ciudadanía— se debe en gran parte al abandono de la niñez y la juventud. Estos sectores vulnerables e indefensos han sido privados —a nivel masivo— de una educación completa y de calidad, pero también han sido reducidos a sobrevivir en una estrechez cuyas repercusiones en salud y desarrollo físico y mental les han arrebatado toda posibilidad de vivir con plenitud.

¿En dónde está el origen de esa pérdida de orientación que induce a castigar al ya condenado desde su nacimiento, en lugar de aplicar la solución desde el germen mismo del fenómeno? La niñez no solo necesita atención integral, ¡tiene derecho a ella desde el texto mismo de la Constitución! La manera más inteligente de reducir la violencia es dándole lo que por derecho le pertenece: educación, alimentación, salud y recreación. En pocas palabras, un trato digno desde su llegada al mundo.