La fiscal general y jefa del Ministerio Público, Thelma Esperanza Aldana Hernández, impulsó con buen ánimo la actualización de la que llamó Política Criminal Democrática del Estado de Guatemala. Se realizaron reuniones donde participaron más de ochocientas personas, así como coordinaciones con los organismos del Estado que son llamados “actores”, en la propuesta de trabajo. Los temas son los usuales en dichos ejercicios de racionalización de la política estatal, a los que se llamó ejes. Así existe uno de investigación, otro de reinserción social, prevención y uno llamado de “sanción”.

Los buenos propósitos de la señora fiscal no pudieron ser concluidos con buen tino en el tema denominado “sanción”. Quizás, hubiere sido mejor llamarlo “correccional”. Empero, siendo una cuestión de gustos, todos entienden el fondo del asunto que se desea regular.

El estupor sucede cuando se analizan los resultados en esa área de propuesta de política pública, que como se señaló, denominan “sanción”. 1) A pesar de tratarse de funcionarios de nivel técnico, que deben atenerse al ordenamiento jurídico vigente, se exceden juzgando que hay contradicciones entre la Constitución Política y la legislación ordinaria.

2) Indican que debe reconocerse a las “autoridades ancestrales”. ¿Qué es una autoridad ancestral? El 3 de abril del corriente año, un ciudadano guatemalteco, al momento de comparecer ante juez, manifestó que por ser “autoridad ancestral” no puede ser juzgado. Así pues, merecería que se explicara en qué consiste esta calidad, quién la otorga, cómo se acredita, si gozan de antejuicio o por el contrario están por encima de la ley. ¿El Ministerio Público reconocerá un Gobierno Plurinacional a la par del nacional en el territorio de la República? No han avisado que las fronteras del país se modificaron, aunque el primer acto para publicitarlo quizás consista en la Política Criminal. No se sabe. Pero que se trata de un asunto grave, es obvio.

3) Establecen que la jurisdicción o actividad judicial que se ejerce con exclusividad por los tribunales debe fracturarse “de acuerdo a los estándares establecidos por la jurisprudencia internacional”. Así, órganos judiciales paralelos serán impulsados como política pública, por la señora fiscal, no en el marco de una reforma judicial constitucional, sino como una chapuza heredada de la “jurisprudencia internacional”.

4) Lo más abominable consiste en el llamado a burlar el sentido de la ley. Piden que la tipificación de los delitos sea ambigua con el objeto de volverse “susceptible de ser resuelta mediante salidas alternas”.

Ojalá se sopesen estos argumentos antes de la oficialización. Cada vez más, la mala formación amenaza la integridad del sistema jurídico. No es mala voluntad, sino ignorancia alimentada por el choque del common law aceitado con suficientes euros y dólares. Pobre del país pobre.

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