Las municipalidades son el primer referente que tienen las comunidades en su relación con el Estado. Es a donde se acude para ejercer el derecho al nombre, a la nacionalidad, al estado civil, requerimiento de servicios, entre otros importantes aspectos para la vida de las personas. Las corporaciones municipales, por mandato constitucional, deberán procurar el fortalecimiento económico de sus municipios, para poder realizar las obras y prestar los servicios que sean necesarios.

Los funcionarios ediles tienen el privilegio de constituirse en servidores públicos confiables y eficientes para dar asistencia a los y las vecinas. Gran satisfacción constituye sentirse útil y reconocido ante quienes representan. Hay diversos ejemplos en el país de alcaldes que han legado importantes obras y resultados a sus gobernados.

El año pasado hubo una serie de publicaciones que hacen dudar del fiel cumplimiento de algunos que, habiendo sido electos democráticamente, han traicionado a los que depositaron en ellos su confianza. El alcalde de Ixhuatán y sus guardaespaldas, en Santa Rosa, protagonizaron un altercado, en estado de ebriedad, luego de un incidente de tránsito, según reportó la Policía Nacional Civil.

El alcalde de San Cristóbal Totonicapán no podrá ocupar cargos públicos por dos años, después de que un Tribunal de Sentencia Penal de Totonicapán lo sentenció por haber negado información a los vecinos. En Lanquín, un Cocode exigió cuentas por Q14 millones al alcalde por supuestos malos manejos de esa comuna en el 2012. El Concejo Municipal de Fraijanes fue condenado a devolver Q9.7 millones dinero que erogaron para contratar a una empresa para administrar y cobrar el IUSI, actividad que no es delegable. En Chicacao, la comuna fue señalada de daños y abusos contra la empresa Servicable.

En San Juan Comalapa, los pobladores exigieron públicamente cuentas al alcalde, le reclamaron más desarrollo y mejores servicios de atención comunitaria. Numerosos señalamientos hubo también el año anterior, cuando fueron publicadas estas irregularidades, por compras directas, compras de fertilizantes sin licitar, así como los ocho antejuicios planteados contra el alcalde de Chinautla,

También se conoció en el 2014 que un concejal de San Pedro Jocopilas, Suchitepéquez, y el alcalde de San Francisco Petén fueron asesinados, y este año dos notas relevantes: en Jalapa, el Concejo Municipal gastó Q400 mil en viáticos por viaje a Estados Unidos; y cuatro de los ocho alcaldes de Baja Verapaz enfrentan demandadas.

Las municipalidades han sido censuras por la Procuraduría de Derechos Humanos por los incumplimientos a la Ley de Acceso a la Información, y son numerosos los casos de denuncias por hechos de corrupción en las comunas.

Muchos de los alcaldes pretenden la reelección. Sus electores tienen la posibilidad de revisar su gestión y decidir si merecen de nuevo su confianza y su voto.

iliaalamilla@gmail.com