La infiltración de elementos criminales en estamentos del Estado constituye un riesgo permanente, y ello queda de manifiesto con la captura de dos oficiales del Ejército de Guatemala entre las detenciones ejecutadas en un operativo antinarcóticos. Lamentablemente, no son los primeros efectivos castrenses que faltan a su deber, rompen su juramento de fidelidad a la patria y venden su posición a oscuros postores. Esto no constituye en manera alguna una generalización, pues existe una inmensa mayoría de oficiales de todos los rangos que se encuentran comprometidos con la defensa y la seguridad de la Nación.

Un caso, del que no se tiene toda la información, es la del coronel Amílcar Nicolás Bautista Fuentes, quien murió en marzo último supuestamente durante el intento de rescatar a ciudadanos atrapados en una balacera de Tajumulco, protagonizada por bandas criminales de la región. El proceso tiene continuidad, porque ya se cumplieron dos meses de la desaparición de tres trabajadores del Ministerio Público, secuestrados por supuestos pobladores que demandan la liberación de los amapoleros detenidos y señalados por el asesinato del coronel Bautista.

En efecto, el asedio de mafias criminales contra el aparato del Estado es constante, tanto por vías violentas como por intentos de compra de voluntades, en ambos casos con el obvio fin de mantener rutas de trasiego de drogas, contrabando y personas. No puede evitarse la mención de los financiamientos ilícitos de candidatos a alcaldías y diputaciones, con la obvia y perversa finalidad de lograr espacios de impunidad, espionaje e incluso influencia sobre las operaciones policiales. Ejemplo de esto es el diputado Armando Ubico, señalado por una corte de Texas de facilitar operaciones de trasiego.

Dicho congresista perdió la inmunidad parlamentaria desde inicios de año, y en junio, la Corte Suprema de Justicia le retiró la inmunidad. Llegó al Congreso con el partido Todos, el cual lo desconoció a medio camino después de varios años de avalarlo. Ubico intentó inscribirse como candidato, pero el Tribunal Supremo Electoral le denegó el trámite, por considerarlo no idóneo. A la fecha, continúa sin ser extraditado y el MP no ha agilizado el proceso, al menos no con la celeridad impuesta a otros casos, como el asedio contra los resultados electorales.

Las detenciones de extraditables en los operativos de Retalhuleu suscitaron sintomáticos incidentes debido a la resistencia violenta de grupos de supuestos pobladores, que agredieron a las fuerzas de seguridad durante el traslado de los capturados. Tales ataques se asemejan a otros ocurridos para liberar vehículos detenidos con mercadería de contrabando. Ahora, el desafío se extiende al Sistema Penitenciario, que deberá resguardar la integridad de los señalados, y al Organismo Judicial, a cargo de avalar los pedidos de comparecencia ante jueces estadounidenses.

No se puede negar que es la demanda de drogas en EE. UU. y Europa la causa de disputas de corredores, áreas de dominio y adquisición de fidelidades de agentes venales; sin embargo, esto no es excusa para las tardanzas, ineficiencias y dilaciones en el aparato de justicia. Lo mismo cabe señalar acerca de las armas de alto poder ofensivo exhibidas en público sin que ninguna autoridad reaccione a tiempo. A lo largo del año se han producido ya varios desfiles hípicos con tales transgresiones e incluso enfrentamientos en ferias, que ponen en jaque al Estado.