EDITORIAL
Abogados deben asumir responsabilidad
Por alguna razón que no se entiende ni se justifica, en procesos anteriores ha sido escasa la participación de los profesionales del Derecho en las votaciones.
Es prácticamente el gremio profesional más grande del país con alrededor de 30 mil abogados y notarios. En el ejercicio de su profesión descansa el sistema de justicia y también participan en la designación de integrantes de diversas instancias claves para democracia: Corte Suprema de Justicia (CSJ), salas de Apelaciones, Corte de Constitucionalidad y Tribunal Supremo Electoral, entre otras. De hecho, se acaba de convocar a la integración de la postuladora para elegir nuevos magistrados de la CSJ para el período 2024-2029, la cual se debe hacer a tiempo y sin amaños para que asuma y se desempeñe en el lustro correspondiente, no como la vergonzosa y desfachatada dilación politiquera que solo le dejó a la actual Corte un lapso de 11 meses. Nunca más debe repetirse esa artimaña alevosa.
El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) debe elegir a sus delegados ante las postuladoras para CSJ y salas de Apelaciones. Por alguna razón que no se entiende ni se justifica, en procesos anteriores ha sido escasa la participación de los profesionales del Derecho en las votaciones. Ya comienzan a configurarse posibles planillas. Sus campañas para pedir apoyo deberían centrarse en propuestas y no en prebendas. Sin embargo, hay algunos grupos que prefieren ofrecer churrascos y contratar edecanes para cortejar el voto, como si fuera una quermés y no un evento del estado de Derecho.
Por otra parte, se necesita de una masiva participación gremial, por un elemental sentido de responsabilidad profesional. En la elección de postuladora del 2020 participó solo un 20 por ciento de los abogados habilitados para votar. Entre los requisitos está tener colegiatura vigente y contar con cinco años de ejercicio profesional. Es tiempo de que asuman con entereza su compromiso con la historia.
Por cierto, en los estatutos del Cang no figura la obligatoriedad de participar en eventos eleccionarios, pues se trata de un derecho. No obstante, los primeros incisos del artículo 22 tienen implicaciones sobre el cumplimiento de deberes axiológicos. “Ajustar esa conducta a las normas de la moral profesional” y “Mantener el prestigio de la profesión”, con lo cual todo jurista responsable, consciente e íntegro tiene el papel de aportar su más honrado criterio en la selección de 12 integrantes de la postuladora de CSJ y 12 para la de salas de Apelaciones, proceso en el cual, además, participan las facultades de Derecho.
La fecha fijada para estos comicios gremiales es el 21 de junio, con votaciones abiertas de 8 a 18 horas en la sede central y delegaciones del Cang en todo el país. El llamado es general y dados los antecedentes, muy importante, porque es la oportunidad de que los profesionales del Derecho demuestren de forma colectiva su interés por la institucionalidad del país. Por supuesto, quedan implícitas las preferencias políticas y las simpatías personales, como en cualquier comunidad humana, pero es la emisión del sufragio responsable lo que hace concreta y trascendental esa postura.
En fecha reciente se comentó en este espacio un estudio acerca del bajo nivel de desempeño de la justicia guatemalteca. En el citado Índice del estado de Derecho, el país solo supera a Venezuela, lo cual no es nada halagüeño, debido a la percepción de corrupción, alta mora de casos e irrespeto de normas procesales. Se trata de un deterioro paulatino marcado por la politiquería, tráfico de favores y falta de exigencia profesional. De buena fe, pero sin que ello implique ingenuidad, se podría exhortar a los integrantes del Cang a que comiencen a ser parte de la solución de tan dañosos rezagos.
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