Repentinamente se evidenció el comienzo de una agónica carrera contra el tiempo entre quienes quieren conservar su pequeña cuota de poder u obtener otra dado el final del período político 2016-2020, que traerá nuevo Ejecutivo, nuevo Congreso y, por coincidencia temporal, nueva Corte Suprema y salas de Apelaciones, en una confluencia de ciclos que se conjuga con los bajos niveles de simpatía del gobierno feneciente, la alta desconfianza hacia los diputados y partidos políticos, así como el deterioro de los indicadores de desarrollo y el retroceso marcado en la competitividad, no obstante lo cual hay sectores que aún rinden pleitesía a un gobernante que no cumplió con su papel histórico.

Los intranquilizantes plazos tienen también factores externos, que se agudizaron hace justo un año, a raíz de la explosión de caravanas de migrantes hastiados de la pobreza, el desempleo y la falta de perspectivas, agravadas en el período saliente. Tal éxodo disparó las alarmas del gobierno de Donald Trump, cuya principal promesa de campaña fue el combate a los migrantes indocumentados, sobre todo a los de origen hispano. Comenzó una fuerte presión hacia los gobiernos del Triángulo Norte, cuyo rostro más visible fue el secretario interino de seguridad interior Kevin McAleenan, quien firmó, junto al ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, sin mayor aviso, el 26 de julio pasado, un acuerdo de migración y asilo basado en el concepto de tercer país seguro. Todo convenio que comprometa territorio y recursos nacionales debe pasar por el Congreso, pero ello aún no ocurre y buscan vías para eludirlo. A la fecha, los detalles del acuerdo siguen en secreto y solo se han lanzado algunas ofertas de empleo y ayuda económica. Pero a Trump le urge.

Con su característico estilo, el presidente de EE. UU. anunció con llamativo optimismo que Guatemala, Honduras y El Salvador están firmando los acuerdos migratorios. Las implicaciones son cruciales para el discurso de reelección en la carrera presidencial del 2020, en la cual deberá sortear, además, la solicitud de proceso de destitución en su contra. Solo un gran logro antimigrante le devolvería algún blindaje de popularidad.

En el plano nacional, la bancada legislativa del partido Unidad Nacional de la Esperanza, cuya expresidenciable fue ligada a proceso por tres delitos, entre ellos asociación ilícita, se encuentra ante un virtual cisma entre quienes la siguen y entre quienes quieren escapar de su sombra. No es consuelo tener más diputados en la legislatura siguiente. La escisión es una posibilidad. Ya les pasó en el 2012, cuando de sus filas nacieron Líder y Todos. A ello se suma la posibilidad de cancelación de la organización. Quizá ello los llevó a lanzar la propuesta de devolver al presidente la potestad de remover a un fiscal general. El rechazo fue apabullante. Bancadas afines al oficialismo y al pacto de impunidad también cuentan los días. Muchos de los 110 diputados no reelectos son de sus filas. Antes de salir del hemiciclo, ansían participar en la elección de magistrados, diferida por recursos que buscan garantías de legalidad. Otros diputados cortejan nombramientos en entes estatales para no quedarse sin feudo. El terror al vacío —a no tener inmunidad— se hace cada vez más evidente, incluso entre congresistas que sí fueron reelectos pero que previsiblemente ya no tendrán los mismos aliados ni el mismo peso, y por eso pretenden hacer creer que podrán revisar a fondo en 12 semanas lo acontecido en 13 años, y sobre todo si hay tantas leyes importantes pendientes.