Al observar las aglomeraciones de guatemaltecos, cada vez más frecuentes y desesperadas, en larga espera para vacunarse contra el coronavirus, a pie o en auto, provenientes de distintos puntos, sin confirmación de cita pese a haberse registrado, sin información y, peor aún, sin dosis en existencia en los centros de vacunación, saltan a la mente términos como insensibilidad, incompetencia, frialdad e incluso abulia acerca de la gestión gubernamental de ese recurso literalmente vital.

Cabe destacar que la atención del personal en los centros de vacunación es mayoritariamente eficiente, amable, con alto espíritu de servicio; el problema es la limitación de dosis diarias, lo cual obedece al mismo descontrol ocasionado por las declaraciones apresuradas o contradictorias y el uso de coloquialismos contraproducentes, a causa, quizá, de la presión ciudadana que reclama mejor provisión de vacunas, pero estas se encuentran sujetas a entregas impredecibles e inconvenientemente pagadas en abultado anticipo.

El Ministerio de Salud anunció que revisaría el contrato de vacunas Sputnik V, pero luego no dijo nada más al respecto; la Procuraduría General de la Nación literalmente se lavó las manos sobre evaluar la potencial lesividad del contrato; la Contraloría General de Cuentas, ni vista ni oída, y la alianza oficialista del Congreso, oficiosa para señalar, citar o incluso crear videoinformes para desprestigiar a personajes que considera incómodos, guarda silencio cómplice respecto de los atrasos, ambigüedades, incumplimientos, desorganización y desabastecimiento que caracteriza al programa de vacunación anticovid. En lugar de aplicar la función fiscalizadora, mas bien parece aprovecharse del temor, incertidumbre y psicosis ciudadanas para proseguir una obvia agenda sectaria. Algunas bancadas opositoras intentan hacer cuestionamientos, pero a la larga más parecen interesadas en llevar agua a su molino electorero.

Desde hace dos semanas se publican en Prensa Libre, con el acápite ¡Vacunas ya!, piezas periodísticas referentes a facetas del proceso de vacunación en Guatemala, cuyo tardío avance ocupa el penúltimo lugar continental. El objetivo de este trabajo es servir a los lectores en esta etapa crítica, sin ningún interés ulterior. No es un ataque al Gobierno ni a sus funcionarios, pero son los resultados los que hablan y no los discursos ni las excusas o las asesorías de comunicación pagadas con recursos públicos y que ya no alcanzan para disimular la tardanza.

Han pasado más de 150 días desde que se aprobó la estrategia de vacunación, cuatro meses desde el acuerdo de confidencialidad y 70 días de haber anunciado el contrato de vacunas Sputnik V, las cuales requieren una cadena de frío que no precisamente está disponible a gran escala en todo el país. Fuera de esos factores logísticos, es innegable la parsimonia e incertidumbre que rodea la llegada de dosis pagadas. Las largas filas evidencian el afán de las personas por inmunizarse, y la ausencia de efectos secundarios disipó las dudas iniciales de algunos grupos.

El 5 de abril había 195,680 casos confirmados de covid-19 y 6,894 fallecidos. Hasta ayer los casos ya contabilizaban 271,703 y los decesos alcanzaban los 8,455: una diferencia de 76 mil contagios y poco más de mil 500 muertes, cifras ante las cuales resulta inevitable preguntar si pudieron haberse evitado con una vacunación más eficiente.