Editorial
Deplorable agresión de diputado a periodistas
El incidente no puede ni debe menospreciarse porque hay trágicos y deleznables antecedentes.
En mayo de 2022, al diputado distrital por Suchitepéquez, Oswaldo Rosales Polanco, entonces de la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), no parecía molestarle en absoluto que le tomaran video mientras se deshacía en elogios hacia el entonces mandatario, Alejandro Giammattei, en la inauguración de un tramo carretero en San Antonio Suchitepéquez. Tampoco se ofendió porque lo fotografiaran cuando “fiscalizaba” la repartición de víveres en ese mismo municipio, el 30 de septiembre siguiente, también en presencia de ese mandatario; dos días después, el diputado de la UNE, subrepticio tránsfuga, participaba en la apertura de una sede de Vamos, el anterior oficialista, en esa misma localidad, junto al legislador y entonces presidenciable Manuel Conde. Y no le irritaban las fotos ni los videos.
El viernes 26 de abril último, el diputado Rosales agredió física y verbalmente a dos periodistas mazatecos que captaron el momento en que trataba de colarse en la reunión que sostenía el presidente Bernardo Arévalo con alcaldes. Al parecer, su objetivo era dar a entender que aún tenía influencias en el Ejecutivo; quizá por su investidura habría podido lograr acceso, aunque ello sonaría extraño luego de la diatriba que el jefe de bancada de Vamos, Allan Rodríguez, emitió días atrás contra una reunión entre el Ejecutivo y congresistas de su partido.
Varios medios cubrían el encuentro, pero al darse cuenta Rosales Polanco de “que le habían tomado fotografías y video de la petición que hizo a la comunicadora de la Presidencia, se abalanzó contra el periodista Roderico Valdez y lo tomó por el cuello y le retorció el brazo. Posteriormente se fue encima del periodista Abel Reyna, con el que intercambió una serie de palabras, le arrancó el celular y borró el video”, según la denuncia pública de la Asociación de Periodistas de Guatemala.
La exigencia de la entidad periodística es que el Congreso de la República censure la acción del diputado, no por ser de X o Y partido, sino por elemental respeto a la garantía constitucional de libre expresión y libre acceso a las fuentes de información. Además, es un representante del poder popular que libremente se postuló y, por ende, es un personaje público. Los periodistas agredidos coincidieron en responsabilizar a Oswaldo Rosales Polanco de cualquier riesgo ulterior para su integridad física, pues se sienten amenazados. La APG solicitó que la Fiscalía de Delitos contra Periodistas efectúe las pesquisas de oficio y, de ser necesario, solicite un antejuicio.
El incidente no puede ni debe menospreciarse porque hay trágicos y deleznables antecedentes. El 10 de marzo de 2015 fueron asesinados en Suchitepéquez los periodistas Danilo López, corresponsal de Prensa Libre, y el reportero radial Federico Salazar; una hora antes del crimen, López llamó al MP para denunciar que tenía miedo por amenazas que había recibido. Por el caso fue procesado el diputado Julio Juárez, quien fue absuelto en 2022. Según el fallo del tribunal, el MP cometió muchos “errores” en la investigación. No obstante, EE. UU. sancionó a Juárez bajo la Ley Global Magnitsky.
En este caso se viralizó en redes la conducta del diputado Rosales, totalmente indigna del cargo. Vamos emitió un comunicado en el que lamenta la agresión y anuncia su discusión interna. Eso contrasta con las conductas confrontativas que tuvo su gobierno hacia la prensa. Además, el MP no ha sido el mejor defensor de la libre expresión. En 2023 intentó criminalizar —bajo la Ley del Crimen Organizado— a seis periodistas y columnistas por cuestionar acciones de fiscales. Una jueza sensata resolvió que era materia de la Ley de Emisión del Pensamiento; el MP apeló y una sala confirmó la resolución en marzo último.
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