Editorial
Eclipse de urgencias sobre visión de Estado
Abogados y facultades de Derecho deberán asumir ya con madurez, seriedad y profesionalismo el compromiso que postuladoras previas han vendido por cortoplacismo y conveniencia.
A veces, acaso con sorna, se dice que en Guatemala nadie se aburre porque siempre están ocurriendo contingencias, a menudo inverosímiles, en ocasiones repetitivas y en otras, inducidas. Recientes sucesos y secuencias de eventos han ocupado el espectro noticioso nacional en lo que va del año: la reciente destitución de la ministra de Ambiente, las reyertas por el control legislativo —y de la propia bancada oficialista—, súbitos y aviesos fallos tribunalicios, la enésima denuncia por el caso de las vacunas rusas, fuegos en bosques y relleno sanitario, incursión de criminales en áreas protegidas, recurrentes requisas carcelarias —con similares hallazgos—, crisis de abastos hospitalarios, el homicidio del alcalde de San Juan La Laguna y el inicio del asedio de grupúsculos alrededor de la futura elección de la nueva Corte Suprema de Justicia.
Podría hablarse de una piñata ruidosa, cortoplacista, sacudida para distraer de lo trascendental e importante. O solo se trata de una realidad multifactorial de un país con mermada institucionalidad, lo cual desafía a los ciudadanos y, sobre todo, a las autoridades electas, a separar lo transitorio de lo fundamental, lo pasajero de la agenda de recuperación del Estado.
No es que lo urgente se deba relegar o desatender, pero hay que abordarlo sin perder de vista el porvenir estratégico del país y ello requiere de diálogos, patrones de acción y, en especial, de consensos civilizados. Ahí es donde determinados grupos y algunos caudillos rancios insisten para azuzar una polarización inútil, vacua y dañosa. Hasta los incendios parecen cada vez más deliberados y también ciertos repuntes violentos, muy al estilo de lo que se detectaba en la primera década del presente siglo con los ataques contra pilotos de autobuses.
Estamos a dos semanas del simbólico plazo de cien días del Ejecutivo y Legislativo. Hay atrasos en elección de gobernadores y en la implementación de los proyectos de infraestructura, sistemas de transparencia del gasto y la agenda de leyes. El “clavo” de la ahora exministra de Ambiente se tuvo que sacar a regañadientes, debido a que ponía en riesgo el ofrecimiento de probidad, pero el verdadero reto está en ordenar las contrataciones de personal y de obra, en demostrar la valoración de prioridades en infraestructura vial y garantizar la seguridad democrática que, junto con la certeza jurídica, son las bases de potenciales inversiones. Quizá incluso se necesite de la salida de otro par de piezas que no dan la talla. La recuperación de edificios y procedimientos educativos, la limpieza de plazas fantasma y las denuncias por negocios turbios deben tener indicios sólidos.
En el Congreso de la República, las bancadas representadas deben dejar de perder el tiempo en egocentrismos inútiles y en espectáculos mediáticos, para poner al centro las necesidades cruciales del país: son prioridad una ley de competencia funcional, una nueva Ley de Servicio Civil, la ley de infraestructura vial y las reformas a la Ley Electoral en materia de acceso al voto, democratización partidaria y mayor control a las finanzas políticas. El resto puede esperar, aunque dada la estrategia de ciertos grupos, pueden presentarse nuevos obstáculos.
En esta misma ruta se ubica la convocatoria de postuladora para definir a la próxima Corte Suprema de Justicia y este primer año es propicio para efectuar tan delicada labor, pervertida en el 2014 por el contubernio Líder-Patriota y retrasada cuatro años por el anterior oficialismo. Abogados y facultades de Derecho deberán asumir ya con madurez, seriedad y profesionalismo el compromiso que postuladoras previas han vendido por cortoplacismo y conveniencia.
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