Independientemente de la resolución que emita la Corte de Constitucionalidad sobre el recurso legal presentado por la fiscal general en contra del actual proceso de elección de cortes, por probables vicios legales, queda claro que la polémica desatada por el destape de las actividades del operador político Gustavo Alejos Cámbara y sus oficiosos visitantes —diputadas, aspirantes a magistrados e integrantes de la comisión postuladora— ha centrado la atención de la ciudadanía en este tema, usualmente relegado a causa de la rutina, la apatía y las carreras cotidianas en busca del honrado sustento.

Abierta se encuentra la polémica de la conveniencia o no de que se repita nuevamente el proceso, de las consecuencias institucionales de una eventual demora o de los resultados de continuar la designación de magistrados sin cambios. No obstante, ya sea ahora o después, el asunto deberá pasar por el Congreso de la República, organismo que se encuentra escindido entre quienes apoyan o no la alianza oficialista, aunque cabe hacer notar el creciente apoyo a una postura que aboga por mayores consensos con el único fin de evitar aplanadoras o contubernios y así cerrar el paso a figuras señaladas de vínculos con Alejos u otros negociadores de similar jaez.

Esta legislatura aún está en sus comienzos y la ciudadanía responsable debe saber quién es el diputado o diputada electo por su distrito —incluso si no votó por su agrupación—; lo mismo aplica y en mayor escala para los congresistas del listado nacional. El ciudadano puede y debe requerir cuentas por las vías establecidas en ley: llamar por teléfono, pedir audiencia o escribir a su correo electrónico. Es obligación ineludible de cada congresista atender a sus representados.

Quienes votaron en las elecciones tienen la potestad de exigir resultados coherentes y apegados a los ofrecimientos de campaña, los cuales coincidían en prometer un cambio, una transformación, una mejora. La institucionalidad consignada en la Constitución no es un etéreo conjunto de preceptos imaginarios, sino principios, derechos y obligaciones que se solidifican a través de su adecuado ejercicio.

La representatividad legislativa no es un poder omnímodo, ni un cheque en blanco; es un poder delegado mediante elecciones que solo puede hacerse real y patente con la exigencia de resultados concretos, la rendición de cuentas sobre sus votos a favor o en contra en el pleno, así como por sus alianzas y decisiones sobre temas de Estado, de los cuales en este momento el más apremiante y transcendental es la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y salas de Apelaciones.

Cualquier grupo partidario, sin importar si es minúsculo, atomizado o dividido por pugnas, debe tener claro que su misión es una sola: centrar su interés en el beneficio de la Nación en su conjunto y no en agendas desfasadas que siguen intentando polarizar a la sociedad para volver a generar nubes de humo que oculten negociaciones.

Los votantes dejaron fuera a un centenar de diputados de la anterior legislatura precisamente por la falta de resultados, los dobles discursos, los decretos engañosos y los pactos de impunidad sobre los cuales tuvieron que dar marcha atrás. Tales afrentas no deben repetirse, pero si acaso los nuevos congresistas se ven tentados a transigir, a cejar o a plegarse a intereses opacos, deben recuperar el valor ético al pensar en los guatemaltecos a quienes les deben respeto, fidelidad y la curul.