Editorial
Encuentro migratorio en medio de la tormenta
El tema migratorio vuelve a centrar discusiones por gobernaturas, congresos estatales y federales, así como la carrera por la Casa Blanca.
Guatemala es sede de una reunión de seguimiento a la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección, sostenida en 2022. Su objetivo prioritario es regular el éxodo hacia Estados Unidos desde países en crisis económicas, sociales y de violencia, a través del impulso y financiamiento de programas de desarrollo de las comunidades de origen, generación de oportunidades económicas, manejo a distancia de las solicitudes de asilo y el establecimiento de proyectos de trabajo temporal en el país del norte. Estas son algunas de las 11 áreas de trabajo trazadas hace dos años.
El origen de este marco de trabajo fue ríspido, por la inasistencia de varios presidentes a la reunión inicial, en junio de 2022, entre ellos el entonces gobernante de Guatemala, Alejandro Giammattei, quien anunció que no participaría porque suponía que no sería invitado y porque repudiaba la inclusión en la lista negra del Departamento de Estado de la fiscal general, Consuelo Porras, a quien reeligió pese al señalamiento de Estados Unidos. No obstante, sí fue invitado y pudo ser la oportunidad de oro para solicitar en persona al mandatario Joe Biden un estatus de protección temporal (TPS) para millones de guatemaltecos indocumentados que trabajan en ese territorio, desde el cual envían remesas que ya son el principal pilar económico del país. Prefirió enviar a su canciller, quien presentó la propuesta pero obviamente no era el mismo nivel.
Dos años después ha avanzado la promoción de inversiones de varias corporaciones estadounidenses y guatemaltecas para la creación de empleos; también se ha avanzado en el procesamiento de guatemaltecos deportados, pero hasta hoy ni una palabra del TPS. Además, ciertos estados de la Unión han impuesto o están camino a establecer duras leyes antimigrantes indocumentados en el marco del año electoral.
En efecto, el tema migratorio vuelve a centrar discusiones por gobernaturas, congresos estatales y federales, así como la carrera por la Casa Blanca. Biden y Harris, que corren por la reelección, buscan exhibir resultados tangibles en la regulación del flujo migratorio y la gestión de la seguridad fronteriza, desafiada por el éxodo de venezolanos, mexicanos, haitianos y centroamericanos. Del otro lado, figuras republicanas fustigan las políticas del mandatario y esas críticas se convierten en los principales argumentos para leyes estatales que el gobierno federal intenta revertir, por inconstitucionales. En ese contexto, el discurso reaccionario del expresidente Donald Trump apela a temores y prejuicios en pos de un segundo período.
En el plano nacional, la celebración de la cumbre migratoria en el país es un tácito espaldarazo al gobierno de Bernardo Arévalo, que continúa enzarzado en pulsos políticos e institucionales, ante un empantanamiento de iniciativas en el Legislativo y la carrera contrarreloj de los resultados gubernamentales corriendo inexorablemente. En todo caso, la llegada de Blinken y también de la canciller mexicana Alicia Bárcena, ambos socios comerciales y contrapartes migratorias claves, le darán relevancia a la cita y sus eventuales resultados.
Entre enero y abril, EE. UU. deportó a 23 mil 607 connacionales, y México, a más de 10 mil, lo cual exhibe la continuidad de la diáspora guatemalteca, sobre todo desde áreas rurales donde prevalecen agudas condiciones de pobreza. Esto resalta la importancia de promover la descentralización económica, propiciar espacios productivos agropecuarios, artesanales y comerciales, así como fortalecer la educación y la seguridad alimentaria como bases de una estrategia efectiva. Solo así se reducirá la salida de más personas a un incierto norte que arrastra sus propias incertidumbres.
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