EDITORIAL
Época lluviosa pone a prueba la gestión
Las autoridades del Gobierno tienen ante sí el inminente desafío de gestionar los efectos de las lluvias de 2024.
Resulta una perogrullada decir que nadie puede controlar la lluvia, ni cuando escasea ni cuando llega en exceso. Los efectos del cambio climático son palpables y severos; eso sí, su impacto se acrecienta por la deforestación rampante, las deficiencias, incapacidades e incluso deliberados abandonos de planificación territorial municipal, así como la desigual calidad de obras de infraestructura. Sin duda, el monumento a la negligencia es el libramiento de Chimaltenango. Tal adefesio se derrumba más en cada invierno y no hay manera de que el Ministerio Público y el Organismo Judicial concluyan el caso con sentencias ejemplares que a la vez permitan la intervención de la obra.
Las excusas sobran y el endoso de culpas ha sido moneda de cambio por demasiado tiempo y ya está devaluada. Las autoridades del Gobierno tienen ante sí el inminente desafío de gestionar los efectos de las lluvias de 2024, con una previsión de hasta 23 fenómenos tropicales con alguna incidencia sobre el territorio nacional. Demostrado está que el efecto de los meteoros puede llegar a ser devastador en ciertas regiones, sobre todo montañosas y costeras: las primeras por el riesgo de deslaves y las segundas, por las reiteradas inundaciones.
Cuándo y dónde ocurrirá una contingencia no se puede saber con certeza. Otra verdad de Perogrullo, pero aún así ha sido excusa de sucesivos gobiernos. Lo que sí se puede anticipar es la distribución preliminar de insumos y protocolos de reacción mediante modelos estadísticos y evaluación histórica de daños, a fin de salvaguardar vidas, prevenir focos infecciosos y organizar esfuerzos de atención. Lo mismo vale decir de la vulnerabilidad de puentes, carreteras y asentamientos humanos en áreas de riesgo.
El deterioro de cuencas de ríos, desvíos de cauces, deterioro de bases de puentes o deficiencias en la canalización de desagües urbanos han dejado grandes lecciones que deberían ser materia de estudio en todas las escuelas de Ingeniería Civil del país, o al menos en todas las entidades a cargo del mantenimiento carretero. En períodos anteriores, la calamidad ha sido sinónimo de conveniencia, opacidad y discrecionalidad, por lo cual ciertos funcionarios venales ansiaban la devastación.
En estos primeros días de mayo, la Conred ya reporta atención de incidentes por lluvia, focalizados en áreas de Alta Verapaz. Es uno de los departamentos más golpeados por factores climáticos en los últimos años. Basta recordar la tragedia de la aldea Quejá, en San Cristóbal Verapaz, sepultada por un alud en 2020 y que fue trasladada a otro terreno, pero sin los debidos planes de desarrollo urbano. Pero también en la capital han sucedido tragedias por la falta de restricciones para viviendas en ciertas áreas. En septiembre de 2023, una crecida súbita del río Naranjo arrastró a dos familias que habitaban el barranco bajo el puente del mismo nombre. Frenar la pérdida de vidas es una labor que va más allá de la popularidad política.
Por supuesto, la conectividad vial es clave para la continuidad productiva y también para la atención de emergencias. A estas alturas ya debería tenerse un claro mapeo de los puentes y tramos carreteros en riesgo alto o recurrente. Cabe señalar que ningún gobierno había dispuesto de tantos recursos destinados para carreteras como el de Alejandro Giammattei, pero las deficiencias persisten. Queda claro que pesaron más los intereses clientelares y el favoritismo a contratistas que el MP ya debería estar investigando. De cara al futuro, el CIV, las comunas y gobernaciones deben exhibir criterios de integridad y transformación técnica o serán parte del desastre.
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