Ineludiblemente, la ruta hacia el desarrollo de cualquier nación pasa obligadamente por la mejora integral de la educación, desde preprimaria hasta la universidad, no solo en cuanto a cobertura, acceso equitativo e infraestructura, sino también en lo referente a la calidad de la enseñanza y su pertinencia cultural, tecnológica y científica, a fin de no constituir simples repositorios de conocimientos repetitivos o entes tramitadores de títulos, sino verdaderas instituciones de aprendizaje que sirvan para afrontar los retos concretos contemporáneos.

Las cifras del censo de población, si bien están sujetas todavía a correcciones, aportan un acercamiento al desbalance en la educación superior en el país, que por factores sociales, económicos, geográficos e incluso étnicos permanece fuera del alcance de muchos jóvenes, a pesar del incremento de opciones educativas. Actualmente, hay 14 universidades privadas y una estatal, la mayoría concentradas en la capital. Aunque hay una creciente penetración en provincia, persiste la barrera del costo de matriculación y cuotas de estudio, que es el obstáculo más frecuente revelado por el censo.

Solo un 4 por ciento de la población, unas 618 mil personas tienen un título a nivel de licenciatura. Hay unos 350 mil estudiantes matriculados, de los cuales la mitad están en la Universidad de San Carlos de Guatemala y el promedio para egresar suele ser de hasta 10 años. A la fecha no existe un registro centralizado de universitarios. Por razones de competencia, las entidades privadas no siempre revelan sus cifras, las cuales constituyen un indicador estratégico de desarrollo.

En los últimos 15 años han surgido varias casas de estudios superiores marcadas por un objetivo: poder entrar a las comisiones de postulación para magistrados de Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones, para lo cual nacen con facultad de Derecho, a la cual se suman otras según la demanda estudiantil.

Cabe anotar que las carreras científicas o de ciencias exactas son una minoría en comparación con los estudios humanísticos, de leyes o ciencias sociales, que abarcan más del 80% del alumnado. En países desarrollados, la proporción suele ser menos marcada y existen fuertes incentivos para el estudio de ingenierías y disciplinas tecnológicas. En Guatemala existen muchos jóvenes con habilidad numérica, abstracta y lógica, pero por tener que trabajar o por simple falta de recursos apenas logran concluir estudios de secundaria o bachillerato y deben ponerse a trabajar: la segunda gran barrera de acceso a la universidad. Existen programas de becas patrocinadas por fundaciones y las propias universidades, loables pero insuficientes para abrir más horizontes.

La Universidad de San Carlos enfrenta el terrible lastre de estudiantes que llevan hasta 15 años en una carrera y cuya matrícula le quita espacio a otros con más convicción y capacidad. Las universidades privadas tienen el reto de ser autosostenibles para financiar todos sus programas académicos y de proyección, pero aun así podrían enlazarse en una alianza de 20 años plazo que abra al menos un espacio gratuito extra por cada carrera establecida en ellas, a fin de lograr que al menos cada año un joven o una señorita más, con aptitudes, actitud correcta y carencias económicas tenga la oportunidad de superación que nadie más le dará. Tal programa hipotético no solo crearía más esperanzas, sino más profesionales inspirados con ideales de servicio.