Editorial
Grave incidente antidiplomático
Daniel Noboa intentó justificar el abuso cometido, pero solo termina de hundirse ante la opinión pública.
Como un suceso abyecto, ajeno a toda civilidad diplomática, debe considerarse la incursión de fuerzas policiales ecuatorianas en la embajada de México en Quito para llevarse detenido al exvicepresidente Jorge Glas, quien estaba asilado en esa sede, la cual, de acuerdo con las leyes internacionales, es suelo mexicano. Mucha puede ser la animadversión y quizá las razones para requerir la captura de una persona, pero nada justifica la invasión, peor si violenta, de la delegación de cualquier país acreditado en cualquier otro Estado. El gobierno mexicano rompió relaciones diplomáticas con el de Ecuador y ya se cuentan múltiples pronunciamientos de condena.
La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas fue firmada por 81 Estados el 18 de abril de 1961, durante la Conferencia de la Organización de Naciones Unidas sobre Relaciones e Inmunidades Diplomáticas, en la capital austriaca; de ahí su nombre. Entre los 81 signatarios iniciales se encontraban Ecuador y México, lo que hace más injustificable la infausta decisión del gobierno ecuatoriano. El Ejecutivo, presidido por Daniel Noboa, intentó justificar el abuso cometido, pero solo termina de hundirse ante la opinión pública.
El artículo 22 de la Convención es taxativo: “Los locales de la misión (diplomática) son inviolables. Los agentes del Estado receptor no podrán penetrar en ellos sin consentimiento del jefe de la misión”. El brutal operativo de fuerzas policiales ecuatorianas quedó registrado por cámaras de medios informativos y, sobre todo, la agresión contra Roberto Canseco, jefe de la Cancillería, quien quedó a cargo de la Embajada luego de que la embajadora mexicana fuera declarada “persona non grata”. Policías empujaron y sujetaron a Canseco mientras reclamaba que no se llevaran al exvicemandatario, a quien México había concedido asilo político.
Glas fue vicepresidente en el período de Rafael Correa, un mandatario intolerante con la libre expresión e incluso fue señalado de ilícitos y actualmente se encuentra en el exilio, en Bélgica. Quizá puedan ser rivales políticos del actual Ejecutivo o del partido de gobierno, y probablemente haya indicios sobre la participación del exvicegobernante en ilícitos, pero todo proceso de reclamo de extradición se debe hacer por las vías adecuadas. El segundo inciso del artículo 22 establece: “El Estado receptor tiene la obligación especial de adoptar todas las medidas adecuadas para proteger los locales de la misión contra toda intrusión o daño y evitar que se turbe la tranquilidad de la misión o se atente contra su dignidad”.
Atacar así una embajada es injustificable, y sobre todo pretender que ocurra sin reclamos ni sanciones. El recurso del asilo político ha salvado, a lo largo de la historia, muchísimas vidas, de opositores y perseguidos por Estados represores, en especial durante regímenes dictatoriales. Se supone que el de Noboa era democrático y que, además, tiene muchos otros problemas más graves como la colosal ofensiva de bandas delictivas, que ha dejado centenares de muertos y terror en las calles. Apenas días antes del asalto diplomático se registraba un repunte de actos criminales que desafiaba el estado de Sitio impuesto.
Si lo que pretendían era desviar la atención de la violencia hacia un escándalo internacional, lo lograron. Lo lamentable es que a la larga es el pueblo ecuatoriano el que terminará pagando las consecuencias de una decisión hepática. Unas 200 empresas ecuatorianas exportan productos a México, pero ahora el futuro de esta relación comercial es incierta. Y es que si no existe elemental certeza de respeto a una sede diplomática, la certeza jurídica queda en vilo.
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