En medio de la alerta declarada por el covid-19, del cual aún no hay casos confirmados en el país, es necesario mantener la atención sobre importantes procesos que siguen su marcha en el país, como la inminente elección de magistrados del próximo Tribunal Supremo Electoral, en el Congreso de la República, cuyos aspirantes expusieron ayer sus planes de trabajo en una audiencia pública a la cual, paradójicamente, llegaron muy pocos diputados, en una actitud que exhibe una mezcla de desidia, mala educación y agendas prefabricadas.

El problema de fondo radica en que las bancadas representadas en el Congreso, sobre todo aquellas pertenecientes a partidos cancelados o en proceso de supresión por delitos electorales, tienen un obvio conflicto de interés que representa una amenaza para el desarrollo de una nueva generación de reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, dentro de la cual se hace necesario afinar ciertos conceptos pero también mantener algunos logros ciudadanos, como la prohibición y sanciones para el transfuguismo. Sin embargo, dada la propensión de las organizaciones al clientelismo, podría ser uno de los candados que primero tratarían de romper los políticos, sobre todo aquellos que se convirtieron en aliados del anterior partido oficialista y que ahora integran incluso la directiva de ese organismo.

Por ello no es de extrañar la ausencia de congresistas a las disertaciones de los candidatos al TSE, pero eso no resta un ápice a la preocupación en cuanto a los criterios sobre los cuales los representantes decidirán su apoyo, así como se acrecientan las sospechas de furtivos condicionamientos que intentarán imponer a los nuevos magistrados titulares y suplentes.

Así que los diputados no deben ser tan displicentes con un proceso como este, crucial para el futuro de la democracia del país. Por otra parte, todos los aspirantes deben abstenerse de aceptar cualquier tipo de comunicación subrepticia u ofrecimiento proveniente de congresistas, bancadas o figuras partidarias, y de llegar a ocurrir deben denunciarlo con claridad y por todos los medios posibles, como un deber de absoluta honestidad para con el pueblo de Guatemala, que es en realidad ante quien se postulan.

Esta misma semana, la Comisión de Actualización y Modernización Electoral (Came), que aglutina a diversos sectores del país, entregó depuradas las 78 propuestas de reforma que presentaron varias organizaciones, con base en las cuales el próximo TSE deberá confeccionar una iniciativa que enviará, a su vez, al Congreso de la República.

Organizaciones políticas, civiles, empresariales, sindicales, de mujeres y pueblos indígenas participaron en distintas discusiones para la búsqueda de consensos en favor de un régimen electoral más participativo, abierto a la fiscalización y que pueda atajar oportunamente las transgresiones al reglamento de campaña. Obviamente estos objetivos golpean los intereses de todos aquellos herederos de modelos caciquistas, dificultan la intromisión de mafias y bloquean los comportamientos aviesos que caracterizaron el actuar de partidos hoy extintos como consecuencia de sus extralimitaciones. Generar una propuesta de cambio integral será un primer examen para los nuevos magistrados, pero la aprobación de la misma demostrará, junto con la eventual elección de magistrados de CSJ y salas de Apelaciones, de qué lado están los diputados y sus líderes.