Esta semana, el alcalde de Mixco, Neto Bran, anunció su intención de instalar mil 500 cámaras de seguridad con reconocimiento facial. La idea es que ayuden a reconocer a quienes cometen actos delictivos.

En otras latitudes ya se dialoga y legisla sobre el uso y manejo de esta tecnología. Se trata de una de las herramientas más poderosas de vigilancia, eficaz, sin duda, para atrapar a los infractores de la ley. El problema es que no distingue entre criminales y ciudadanos. La tecnología de reconocimiento facial detecta primero el rostro, luego captura la imagen y finalmente registra coincidencias. Su efectividad descansa en una poderosa base de datos que acumula y gestiona esta información.

No es una resistencia a la innovación el punto central de este planteamiento; por el contrario, se sabe que el reconocimiento facial es una medición biométrica que puede ser de mucha utilidad para la administración de la justicia. Ha sido útil para encontrar a menores secuestrados, capturar a ladrones de identidad y combatir el tráfico de personas, entre otros delitos. Sin embargo, es justamente al inicio de cualquier implementación de esa naturaleza cuando más oportuno resulta dialogar sobre conceptos noveles pero impostergables como los derechos civiles en una sociedad tecnificada y la correspondiente legislación para una aplicación responsable de tecnologías de punta.

Alguien debe plantearse y responder mínimamente a dudas como: ¿qué tan madura está esta tecnología para que influya en las acciones legales de todo un país o región? En el primer mundo, el año pasado se discutió mucho sobre la imprecisión que algunos de estos sistemas aún tienen para diferenciar ciertos rasgos raciales, puntualmente, hay fallas en las coincidencias que aluden a afroamericanos y asiáticos. Y luego, ¿cuánto cuesta un sistema de este calibre? Si acaso, ¿no debería ser un ente de mayor jerarquía —que una autoridad municipal— el que investigue, dirija y gestione este tipo de iniciativas? Aunque es una herramienta cuyo uso principal sería de seguridad, otras instancias como el Congreso y hasta el Organismo Judicial deben involucrarse. La tecnología es además un ente dinámico y cambiante, cualquier regulación y aplicación debe mantener el paso con las constantes transformaciones y tendencias.

En al menos cinco ciudades grandes de Estados Unidos se han propuesto iniciativas de ley para regular el uso del reconocimiento facial por parte de entidades gubernamentales. A finales del 2019, el Facial Recognition Technology Warrant Act proponía legislar y sentar las bases para la utilización de esta tecnología. Según la propuesta, se requeriría una orden judicial para que la policía federal pudiera utilizar reconocimiento facial para rastrear los movimientos públicos de un individuo por un período mayor de 72 horas, con un límite de hasta 30 días.

Es importante tomar conciencia sobre el valor de la información personal de todo ciudadano y velar porque existan garantías mínimas para la protección de su privacidad.
No hay sistema informático infalible. Si no se sientan bases sólidas en este tema, que por el momento parece irrelevante, el caos nos espera a la vuelta de la esquina.