editorial
Juicio a expresidente exhibe nexos y fechorías
Resulta difícil de creer que este contubernio no haya tenido contrapartes de este lado de la frontera,
Guatemala figura, por su posición geoestratégica, en el mapa logístico del narcotráfico internacional. Eso ya se sabe y se sufre desde hace décadas. Los efectos de tal fenómeno son violentos, destructivos y lacerantes. Aun así, no dejan de sorprender las alusiones al territorio y cómplices guatemaltecos en el juicio que se desarrolla en Nueva York contra el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, extraditado a Estados Unidos en el 2022 por trasiego de cocaína. En la quinta audiencia, ayer, una investigadora de la Agencia Antidrogas Estadounidense, al ser preguntada sobre la influencia de carteles en autoridades de Guatemala y Honduras, la calificó de “significativa”.
La semana anterior, Alexander Alarcón, exalcalde de El Paraíso, Copán, Honduras, fronterizo con Guatemala, describió cómo los convoyes ilegales atravesaban el territorio nacional, ya sea bajo protección asegurada con sobornos o mediante violencia armada. Se mencionaron nombres de varios cabecillas guatemaltecos que servían de aliados, quienes fueron deportados y purgan penas de prisión tras admitir los cargos. La defensa del expresidente Hernández se basa en decir que la acusación es una venganza de delincuentes que solo buscan rebaja de condenas. No obstante, hay fotografías y documentos comprometedores.
Esto ocurre mientras que la semana pasada el presidente Bernardo Arévalo asistió a un foro de seguridad en Múnich, Alemania, donde puntualizó que el narcotráfico es la mayor amenaza a la democracia, como resultado de la corrupción y violencia que genera. “El crimen organizado y el narcotráfico están empujando a los políticos en sus oficinas para que operen a su favor”, sostuvo el mandatario guatemalteco.
En abril del 2019 fue capturado en Miami Mario Estrada, entonces candidato presidencial y fundador del extinto partido Unión del Cambio Nacional, el cual fue fuerte aliado de las dos legislaturas anteriores y a cuyos integrantes el oficialismo de Vamos permitió seguir en la directiva, pese a la cancelación de su agrupación por financiamiento no reportado.
Apenas siete meses más tarde, en noviembre del 2019, el también excandidato presidencial Manuel Baldizón se declaró culpable de lavado de dinero del narcotráfico, por lo que fue a prisión y a su salida, deportado a Guatemala, donde el año pasado intentó inscribirse como candidato a diputado, pero fue rechazado.
El exdiputado Armando Ubico, que perteneció al partido Todos, el cual después renegó de él, fue solicitado en extradición en el 2022, señalado de usar su influencia política para proteger cargamentos del narcotráfico. Su paradero se desconoce desde marzo del 2023, cuando la Corte de Constitucionalidad avaló la petición estadounidense para que comparezca ante una corte de dicho país. Ubico ya fue confeso y convicto por narcotráfico en el 2011. Se ignora el avance de la pesquisa del Ministerio Público y la PNC para su aprensión.
En el anterior gobierno fue notoria la caída de decomisos de droga desde el 2020. Ello se debía, se dijo, a mejora de controles y una reducción en la detección de narcovuelos. Las declaraciones en el juicio contra Hernández, quien entregó el poder en el 2022 y cuyo hermano había sido sentenciado a cadena perpetua un año antes, exhiben un panorama de impunidad y componendas en el país vecino. Resulta difícil de creer que este contubernio no haya tenido contrapartes de este lado de la frontera, La dimensión y las identidades de esa complicidad están pendientes de ser conocidas y, de probarse, sancionadas.
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