A solo siete semanas de una fecha emblemática, no existe señal alguna de conmemoración, preparativo o siquiera un recordatorio a nivel estudiantil. El 1 de julio de 1823 finalizó la estéril e improductiva anexión a México de la ex Capitanía General de Guatemala, que pasó a llamarse Provincias Unidas del Centro de América y después, ya con una constitución vigente, República Federal de Centro América.

La unión transitoria al entonces Imperio Mexicano se produjo poco después de la emancipación política de España, básicamente a causa de intereses mercantilistas que buscaban prolongar privilegios. La caída en desgracia de Agustín de Iturbide, quien se declaró emperador, precipitó la separación. La provincia de Guatemala perdió el territorio de Chiapas y Soconusco, que por amañada votación optó por seguir conectado a México. Este episodio, que constituye prácticamente una “segunda independencia”, sigue siendo muy poco estudiado en las aulas y menos aún exaltado, a pesar de su enorme simbolismo.

“La incorporación de estas provincias al extinguido imperio mexicano, verificada solo de hecho en fines de 1821 y principios de 1822, fue una expresión violenta arrancada por medios viciosos e ilegales, que no fue acordada ni pronunciada por órganos ni por medios legítimos”, se lee en el acta histórica de 1823, en la cual los futuros Estados declaran ser “libres e independientes de la antigua España, de Méjico y de cualquiera otra potencia, así del antiguo como del nuevo mundo; y que no son ni deben ser el patrimonio de persona ni familia alguna”. Gran aspiración.

Los colores azul y blanco se convirtieron en simbólicos para las provincias y a la fecha todos los países de Centroamérica conservan esos colores en sus banderas, aunque con posteriores cambios y disposiciones. La declaratoria de 1823 amparaba la libertad de prensa, el derecho a la organización política y las elecciones democráticas. Sin embargo, la polarización de intereses de “liberales” y “conservadores”, así como las pugnas entre familias dominantes en cada territorio, conducirían a la disolución paulatina de la Federación en menos de dos décadas.

Los avatares de la historia no hacen menos significativa tan próxima efemérides. Los bandos en pugna hace 200 años ya no existen en la misma forma y sin embargo hay otros grupos extremistas que acicatean la división desde sus dogmatismos e intolerancias, que dificultan el avance y la integración de los Estados, ahora independientes. Basta ver, por ejemplo, cómo la dictadura nicaragüense atropella libertades democráticas sin que los otros Estados condenen tan destructivo actuar.

Ni siquiera los intereses económicos comunes alcanzan ya para enlazar consensos, prueba de que los caudillismos vacuos han sido y son la barrera para una mayor integración. Mientras tanto, el Parlamento Centroamericano lleva 30 años sin pena ni gloria ni oficio ni beneficio, pues solo ha servido como refugio de allegados y cubil de impunidades. Ello se debe a su mecanismo de integración y a las incapacidades de gestión gubernamental, carentes de visión. Aún hay tiempo para organizar alguna actividad educativa y reflexiva, a fin de aprender de los errores cometidos una y otra vez durante 200 años.