Editorial
Más claro no canta un fallo
La Sala Tercera de Apelaciones declaró “sin lugar” el recurso de apelación del MP y avaló el fallo de la jueza.
Existen funcionarios desfasados, adláteres que niegan rotundas derrotas electorales y roscas de allegados que anhelan entornos retrógrados, represivos y despóticos. Tales camarillas detestan la libre emisión del pensamiento, piedra fundamental de la democracia, porque a través de ella se traslucen componendas, se desnudan contubernios y se repudian amasiatos de conveniencias. Buscan que los entes de justicia solo favorezcan sus intereses e intentan intimidar a quienes no se pliegan a sus interpretaciones, por más que estas contravengan principios constitucionales.
Por eso es tan importante el fallo emitido ayer por la Sala Tercera de Apelaciones, que denegó un recurso interpuesto por el Ministerio Público, de Consuelo Porras, en contra de la resolución de la jueza quinta Aurora Gutiérrez, emitida el 8 de enero último, mediante la cual dictó falta de mérito a la acusación de supuesto delito de obstrucción a la justicia, sostenida por la fiscalía en contra de periodistas y columnistas del extinto diario elPeriódico que criticaron acciones y argumentos de varios fiscales. La jueza Gutiérrez remitió a cualquiera que se sintiera afectado a un tribunal de imprenta.
El artículo 35 de la Constitución es claro: “No constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos. Los funcionarios y empleados públicos podrán exigir que un tribunal de honor, integrado en la forma que determine la ley, declare que la publicación que los afecta se basa en hechos inexactos o que los cargos que se les hacen son infundados”. El jurista que no pueda o no quiera entender eso quizá se saltó algún curso de Derecho Constitucional o está movido por otros intereses en el intento de socavar garantías ciudadanas.
La Sala Tercera de Apelaciones declaró “sin lugar” el recurso de apelación del MP y avaló el fallo de la jueza. Solo falta que la fiscalía intente amedrentar a los togados, tal como lo hizo al pedir un antejuicio por “incumplimiento de deberes” contra la jueza que declaró falta de mérito a la acusación contra el exministro Napoleón Barrientos por haber priorizado el diálogo en el caso de las manifestaciones suscitadas durante la crisis política por el asedio del MP a la democracia y resultados electorales.
Organizaciones de prensa nacionales e internacionales han expresado su absoluto rechazo a las acciones legales del MP en contra de la prensa independiente, por contravenir la Carta Magna. Esta, en todo caso, remite al decreto 9, Ley de Libre Emisión del Pensamiento, para la resolución de cualquier controversia en el marco del pleno estado de Derecho. Por ello también es sintomática la dilación en resolver la apertura a juicio del periodista Jose Rubén Zamora. El 21 de febrero se produjo el cuarto aplazamiento de la diligencia por supuesta “enfermedad” de la fiscal a cargo. Zamora, fuerte crítico del gobierno de Alejandro Giammattei Falla, debe enfrentar un nuevo juicio por supuesto lavado de activos, ya que el primero fue anulado por deficiencias procesales. El periodista está detenido desde el 2022 y el juez Jimmi Brener le ha negado medida sustitutiva.
Mientras se destapan fraudes, obras inconclusas, adjudicaciones amañadas y se refuerzan denuncias previas contra el anterior gobierno, como el caso de las vacunas rusas, más se denota la motivación para intentar impedir el relevo de autoridades, y que ayer tuvo un nuevo episodio, al emplazar el MP a las autoridades del Tribunal Supremo Electoral. Sin embargo, desde la toma de posesión de la actual CSJ y de las nuevas autoridades del Ejecutivo y Legislativo, en enero último, el tablero político ya no es igual.
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