Queda claro que en tiempos digitales, con tantas plataformas de comunicación, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) desperdició Q2.7 millones en enviar delegaciones de magistrados y trabajadores a Estados Unidos, según dice para promover el empadronamiento, tomando en cuenta que hay al menos 3 millones de connacionales residentes en tan vasto territorio, aunque con mayor concentración en estados como California, Florida, Nueva York, Virginia, Colorado, Texas, así como Washington D. C., de acuerdo con diversos análisis. Es obvio que unos cuantos paseos y conferencias por ciudades en donde hay consulados guatemaltecos no bastan para difundir el llamado ni para atender los trámites necesarios.

El alambicado proceso para empadronarse en EE. UU. comienza por la tenencia de un Documento de Identidad Personal, DPI, cuyo trámite puede durar un plazo ridículo de hasta seis meses y a un costo irrisorio, que termina por desactivar el interés, más enfocado en la sobrevivencia cotidiana, el duro trabajo de aquellas latitudes y la posibilidad de enviar recursos económicos a familiares en suelo nacional. Ni qué decir del pasaporte, que por ahora no sirve para empadronarse, pero sí para documentar la procedencia en aquella nación, también a un alto costo y con flagrantes retrasos que van siempre acompañados de las mismas excusas.

Los actuales magistrados del TSE pueden agregar un fracaso más a su cuenta. El primero es la falta de autoridad sobre las organizaciones políticas, que actúan como se les antoje, incluso las que hace mucho debieron desaparecer debido a delitos electorales. El segundo es la evidente falta de voluntad de impulsar reformas electorales a favor de la ciudadanía para restar prebendas a la politiquería.

El tercer gran fallo, que puede denotar total desinterés o inepcia para asumir sus obligaciones, es la ausencia de una campaña inteligente, en especial a través de redes sociales y otra informativa creativa, con el fin de despertar el interés de compatriotas radicados en otros países por empadronarse o actualizar sus datos a fin de participar en los comicios del 2023. No basta el deseo de emitir un sufragio, pues se necesita del DPI y de la habilitación de centros de votación. Hasta ahora ni siquiera se sabe cuántos migrantes podrán inscribirse antes de fin de año, dada la presa de esos documentos en trámite o sin entregar.

Voces líderes migrantes concuerdan en señalar que su voto no constituye una prioridad debido a su importancia. Consideran que por tener una visión más crítica del país, menos contaminada de las pasiones expuestas en mítines, pueden llegar a generar un escenario electoral diferente. Ya comienzan algunos partidos a efectuar acercamientos con comunidades guatemaltecas en EE. UU. y a negociar la inclusión de algún integrante en listas de diputados, lo cual ya ha ocurrido antes pero con escasos beneficios para ellos, nula incidencia en políticas públicas e ineficientes gestiones a nivel de Gobierno para solicitar, con la misma vehemencia que vociferan señalamientos de injerencia, un Estatus de Protección Temporal para los connacionales.

Esto último es paradójico, porque los gobiernos se apresuran a festejar el crecimiento en el envío de remesas y lo suman al producto interno del país, para presumir de estabilidad macroeconómica. Pero, por otro lado, siguen sin combatir las causas estructurales del éxodo y sin agilizar la prestación de servicios consulares, y los mantienen sin dejarles incidir en la elección de autoridades del país de donde tuvieron que salir por falta de vías de desarrollo en sus comunidades de origen.