Editorial
Parsimonia judicial parece cómplice
Si sucesos tan evidentes como el de Chelsiry siguen impunes, ¿qué se puede esperar de otras causas?
Hechos: Un individuo confiesa que quemó el cuerpo de una niña de 12 años, que es su sobrina política; dice que la atropelló “accidentalmente”. En juicio niega haberla matado, pero sí admite la incineración. En el contexto hay un posible acoso contra la menor. A todas luces hay indicios sólidos para un proceso judicial pronto y cumplido con sentencia apegada a derecho. Tales evidencias fueron desechadas por un juez durante el juicio del presunto femicida, supuestamente porque no se comprobó la causa de muerte de los restos carbonizados. Eso ya entraña un criterio malsano o amañado.
Dicha decisión, que parece inverosímil, ocurrió en el caso del femicidio de la niña Chelsiry Hernández, residente en San Juan Sacatepéquez, quien fue reportada desaparecida el 4 de febrero de 2020. Su cuerpo fue hallado, en el estado ya mencionado, el 5 de febrero, en Villa Canales. El 12 de ese mes se entrega Édgar Marroquín, aduciendo que la atropelló accidentalmente con su vehículo y que por miedo incineró el cuerpo. Tales hechos ocurrieron hace más de cuatro años y el proceso judicial aún está abierto y sin veredicto.
El Ministerio Público apeló la decisión del juez que intentó desechar el caso en 2021, pero es evidente la nociva tardanza en la búsqueda de justicia: reflejo de un sistema que permite dilaciones incluso en materias tan graves. Ello contrasta con las exigencias de sanciones contra jueces en casos que entrañan obvia animadversión contra opositores políticos. Son vacuos los ofrecimientos rimbombantes de mejorar la justicia por femicidios si los resultados son estas prolongaciones absurdas. Hasta el Instituto de la Víctima se hizo anodino ante un caso tan indignante como el de Chelsiry. Pero no es el único.
Existen casos anteriores que tampoco tienen un cierre aún. Por ejemplo, el asesinato de 42 niñas del Hogar Virgen de la Asunción, el 8 de marzo de 2017, cuyo proceso sigue estancado y por el cual todavía no se investiga toda la cadena de mando de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República en el gobierno de Jimmy Morales. Incluso parece existir un doble rasero para funcionarios y los policías señalados.
En días recientes se han encontrado cuerpos de mujeres con señales de tortura y claros signos de ejecución. Algunas de las víctimas son menores de edad. En las primeras averiguaciones se les vincula con pandillas y eso, inexorablemente, entraña la posibilidad de prejuicios e incluso de que los casos sean relegados por estigmatización. Si sucesos tan evidentes como el de Chelsiry siguen impunes, ¿qué se puede esperar de otras causas?
Poco ayuda la instrumentalización amañada de la Ley de Femicidio por parte de funcionarias y politiqueras que, para rehuir la rendición de cuentas o el escrutinio de la prensa independiente, denuncian a columnistas y reporteros, so pretexto de ser víctimas de violencia. Lo más inaudito es que ciertos jueces se presten a otorgar medidas cautelares que entrañan uso de recursos públicos y policías para resguardar tan improcedentes casos. La Constitución de la República establece que no constituyen falta ni delito los señalamientos a funcionarios por asuntos relacionados con su cargo. Y aún así pervierten el sentido de una norma que podría salvar vidas. Parece próximo el veredicto sobre la muerte de Chelsiry. En una de las audiencias se presentó una evidencia que pasó cuatro años guardada: la sábana en la cual se hallaron los restos de la niña y que hace mucho habría llevado a una conclusión científica.
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