El hallazgo de un alijo de 605 kilos de cocaína en un contenedor proveniente de Costa Rica y cuyo cargamento era chatarra de metal que fue detectado por un perro rastreador en Puerto Quetzal suscita múltiples dudas y también confirma sospechas sobre la continuidad de las operaciones de trasiego de drogas en diversas modalidades. Las pesquisas subsiguientes, que constituyen lo más importante en el combate del narco, deberían orientarse al punto de embarque y a su destinatario, así como a la frecuencia de envíos previos similares.

Para nadie son un secreto las intermitencias y supuestas “fallas” de sistemas de escaneo no invasivo que se han dado en puertos guatemaltecos, a veces por súbitos apagones que a todas luces son de todo, menos casuales. En 2023, si bien hubo múltiples decomisos de droga, estos decayeron respecto del 2022, lo cual implica un cambio de rutas o un descenso en los envíos desde Sudamérica. La otra posibilidad, que tampoco puede descartarse a priori, es que el trasiego haya logrado meter más goles en los puertos y sistemas de seguridad guatemaltecos.

En efecto, durante el anterior gobierno, los decomisos de cocaína fueron cayendo. En 2021 fueron incautadas 11 toneladas de droga; en 2022 los hallazgos se redujeron en un 53%, pues solo fueron 5.21 toneladas, y en 2023 fueron solo tres toneladas. El decomiso del fin de semana último fue de mil 300 libras, aproximadamente; es decir, más de media tonelada en el inicio del año, lo cual evidencia una intensa actividad de grupos criminales. La droga no solo llega por vía portuaria, sino también mediante cargamentos lanzados y recogidos en aguas marinas, o a través de vuelos furtivos.

A estas alturas de la historia, el combate gubernamental del narcotráfico ya debería contar con suficiente inteligencia, modelos predictivos, conexiones locales, rutas y prácticas recurrentes, alternativas o excepcionales de tales grupos. Por eso mismo es casi increíble, por no decir reprobable, que todavía existan extensas áreas costeras y fronterizas con escasa presencia del Estado, específicamente de entidades de combate de todo trasiego: PNC, Ejército, Ministerio Público, SAT y Organismo Judicial. Situaciones como las reyertas de Ixchiguán y Tajumulco son simplemente intolerables y claramente atribuibles a algo más que diferencias limítrofes.

El asedio de bandas criminales en Chiapas e incluso incursiones en territorio guatemalteco constituyen una amenaza a la seguridad nacional y regional que no se puede soslayar. Por otra parte, esa es la principal motivación por la cual estas mafias buscan contar con ciertas autoridades electas de su lado, a través de oscuros, ilícitos y voluminosos financiamientos electorales. Ya Guatemala ha tenido dos expresidenciables confesos y convictos por cargos ligados al narco: Mario Estrada, fundador de la extinta UCN, y Manuel Baldizón, del extinto y nefasto partido Líder.

Es insensato decir que para una reforma integral de la Policía Nacional Civil no se requerirá apoyo de países amigos. Eso es casi como declarar que no se necesita del intercambio de información con agencias de otros países. Se da a entender que se trata de un nacionalismo miope o bien de una negación basada en prejuicios u otros intereses. El país afronta una amenaza transnacional que no puede ser combatida solo con los limitados recursos locales. Los antecedentes hablan por sí solos y deberían ser escuchados.