Alrededor de la trama de vacunas rusas, pagadas al contado y entregadas en irregulares abonos —la mayoría enviadas a última hora, cuando ya Guatemala estaba abastecida con donaciones de países amigos—, hay muchos nombres. La exministra de Salud Amelia Flores fue denunciada por la Contraloría General de Cuentas en julio de 2021, debido a que no presentó copia del contrato de confidencialidad bajo el cual se negoció la adquisición y pago de Q614 millones. Ayer, el expresidente Alejandro Giammattei Falla, ahora diputado al Parlacén con su correspondiente inmunidad, adujo ignorancia sobre el contrato, el cual ha sido claramente lesivo y desventajoso para los intereses del Estado de Guatemala.

Quizás sean los efectos secundarios de la inmunidad o la sensación de que dicho caso podría alcanzarlo tarde o temprano, ya sea por haberlo avalado o por incumplimiento de deberes, pues una adquisición por dicho monto y tan trascendental para la salud de la ciudadanía debía contar con su aprobación. Cuando era mandatario anunció y justificó la compra. Ante las críticas y múltiples denuncias, el entonces mandatario anunció el 27 de julio la renegociación para que solo se adquirieran ocho millones de dosis. De ellas, más de la mitad se perdió por vencimiento, debido a su tardío arribo y la mayor confianza de la población a otras vacunas.

El 7 de mayo de 2021, la entonces fiscal anticorrupción, Aura López, expuso con una notoria jerga legaloide que había una investigación de oficio acerca de la legalidad de la compra. En julio se dio la denuncia de la Contraloría General de Cuentas, hubo relevos en dicha fiscalía y entre pretextos, dilaciones o discontinuidades nunca se dedujo responsabilidad alguna.

En diciembre de 2022 se reportaba que las vacunas vencidas seguían almacenadas en cuatro contenedores refrigerados, a un costo de Q40 mil mensuales cada uno, en instalaciones del Ministerio de Salud. Las dosis se resguardaron como anticipo de prueba, por solicitud del Ministerio Público, pero más de un año después los resultados de las pesquisas se desconocen, y eso que Q614 millones no son cualquier cosa. Por montos mucho menores se han visto pugnaces procesos judiciales.

El Ministerio Público declinó dar información sobre el avance de la pesquisa Sputnik en nombre de su autonomía y de su carácter técnico. En todo caso deberían decir con claridad si no han encontrado indicios de delito, lo cual sería extraño después de dos años y medio, o bien emprender las acciones consecuentes, conforme a denuncias presentadas.

Mientras tanto, el contrato de Human Vaccine, la filial rusa con la cual se negoció la compra, sigue en el más absoluto secreto, incluso para las actuales autoridades de Salud. Ello reaviva las sospechas sobre la licitud del procedimiento, pues no fue una compra entre dos particulares, sino una adquisición de Estado. Quien haya aceptado el secretismo, en abierta contravención a las leyes guatemaltecas, incurrió en un delito, ya que no se puede argumentar ignorancia de la ley. Por otro lado, que el exmandatario declare ahora que nunca conoció los detalles del trato resulta irrisorio y cuando menos inverosímil. Si ello fuese cierto significa que dejó en manos de otros el cumplimiento de su responsabilidad. Finalmente, no está de más cuestionar acerca de la posible participación del excanciller Pedro Brolo, quien también intervino para tan aviesa compra.