Desde hace varios años las remesas se han ido consolidando como la principal fuente de ingresos para miles de familias guatemaltecas, y como las cifras oficiales lo reflejan se han convertido en parte fundamental de la economía nacional.

Además de los informes periódicos, el gran flujo de efectivo por esta vía es palpable con tan solo ver el dinamismo del sector de la construcción e inmobiliario, que se acelera cada vez más en ciudades intermedias de Guatemala, muchas de ellas sostenidas económicamente por miles de familias que reciben remesas, especialmente desde Estados Unidos.

Mientras esas cifras aumentan a ritmos impresionantes por año, corre el tiempo en contra para que los países cuyas poblaciones dependen cada vez más del flujo de dinero y mercancías que sus familiares envían desde las naciones ricas vean la realidad y formulen verdaderas rutas de desarrollo; primero, para que las remesas generen beneficios sostenibles y tangibles para los hogares y comunidades, y para que la dependencia de estas no llegue a un punto que comprometa la salud financiera de los países.

Como lo advertía desde hace varios años un informe del Banco Interamericano de Desarrollo, “la incuestionable realidad es que las remesas existen porque muchos países no pueden proporcionar empleos e ingresos adecuados a sus ciudadanos”, y por ello, entre otras propuestas, recomienda que se mejore el impacto de esos envíos sobre el desarrollo; por ejemplo, con el aumento del abanico de opciones financieras para las familias receptoras de esos fondos, pues en muchas de ellas los migrantes que regresan pueden hacerlo en un papel de inversores, empresarios y organizadores de esfuerzos de desarrollo.

Lamentablemente, en Guatemala no abundan los proyectos de desarrollo para las comunidades de los migrantes y algunos han fracasado, por no contar con un objetivo definido, programas públicos o privados que los doten de conocimientos y fórmulas que los lleven al éxito, o por las diversas complicaciones que el mismo Estado impone, como trámites interminables y agotadores, burocracia, o corrupción en el peor de los casos. Eso explicaría por qué, pese a los más de US$100 mil millones que se han recibido en remesas en 10 años, los pueblos de donde se originan los mayores flujos migratorios siguen en pobreza y expulsando a sus jóvenes.

Las remesas son el paliativo para resolver las necesidades básicas de miles, e incluso muchas comunidades no podrían salir adelante sin ellas, pero el compromiso de los países receptores debe ser la creación de entornos económicos que permitan que los envíos se puedan aprovechar en su máximo potencial para el desarrollo.

La actual pandemia evidenció la resiliencia de los migrantes y su compromiso por continuar apoyando a familiares y personas cercanas en sus países de origen, sobre todo en Latinoamérica, lo cual no debe pasar inadvertido por las autoridades encargadas de promover las políticas públicas enfocadas en el desarrollo social y económico, principalmente porque, como en todo, no existe certeza absoluta de que eso vuelva a ocurrir en una nueva crisis.