Como si mortales ataques armados no fueran tan frecuentes en los últimos meses, como si cadáveres de guatemaltecos y guatemaltecas no aparecieran tirados en carreteras y zonas baldías, como si el repunte violento reciente no fuera tan palpable, como si la seguridad no fuera pública o su resguardo una obligación constitucional, la Policía Nacional Civil (PNC) niega información estadística de incidencia criminal a medios y tanques de pensamiento con el improcedente pretexto de supuesta confidencialidad. Tal bloqueo es un absurdo, un despropósito y una ilegalidad, con la cual se intenta ocultar la ineficacia de los planes anunciados en campaña.

Cuando queda 1 año, 7 meses y 8 días para el final del mandato de Alejandro Giammattei y la cartera de Gobernación ya va por su cuarto titular, con cifras poco halagüeñas y sin duda incómodas de cara a la campaña de un delfín prestado a otro partido. Es una total inepcia censurar los datos oficiales de violencia: primero, porque ello no elimina el problema, ni siquiera lo disimula y, por el contrario, denota la aversión oficialista a reconocer su realidad, de que no está yendo hacia un país mejor, como lo pregonaba el nombre del partido.

El despropósito cometido por la PNC al censurar información de interés público puede ser aun más embarazoso —y a todas luces inconstitucional— si se ejecuta por órdenes superiores, ya sea de un despacho ministerial o viceministerial. Para dimensionar el contrasentido de esta censura arbitraria basta señalar que las estadísticas policiales han estado disponibles durante 20 años y que a partir de ellas se desarrollan investigaciones y propuestas técnicas de centros de estudio, universidades, fundaciones e informes internacionales. Es querer tapar el sol con un dedo.

Es inconstitucional la censura policial sobre sus registros de sucesos, puesto que vulnera varias garantías ciudadanas, comenzando por el Artículo 35 sobre Libertad de Emisión del Pensamiento, que establece: “Es libre el acceso a las fuentes de información y ninguna autoridad podrá limitar ese derecho”. A ello se suma el Derecho de Petición, del artículo 28: “Los habitantes de la República de Guatemala tienen derecho a dirigir, individual o colectivamente, peticiones a la autoridad, la que está obligada a tramitarlas y deberá resolverlas conforme a la ley”, y esto remite a la garantía antes citada.

Por si fuera poco, el artículo 30 sentencia: “Todos los actos de la administración son públicos. Los interesados tienen derecho a obtener, en cualquier tiempo, informes, copias, reproducciones y certificaciones que soliciten la exhibición de los expedientes que deseen consultar, salvo que se trate de asuntos militares o diplomáticos de seguridad nacional”. La excepción es taxativa y los datos de violencia son de la esfera de la seguridad civil, no militar.

Hasta el 30 de abril iban 1 mil 442 muertes violentas en el país: un 16% más que en el mismo período del 2021. Al buscar el consolidado hasta mayo, surge la negativa policial a proveer datos de interés público. Tal veto parece una estratagema negacionista propia de regímenes dictatoriales como el del tirano nicaragüense Ortega, que no soporta a medios independientes ni a organizaciones críticas, ni siquiera a la Iglesia Católica, que denuncian sus incoherencias. Esto es Guatemala, un Estado constituido por ciudadanos responsables y trabajadores que necesitan y merecen datos reales sobre desafíos, adversidades y peligros, para poder enfrentarlos y exigir cuentas a funcionarios que quieren esconder la cabeza en la arena.