Editorial
Pulso Arévalo-Porras llega al paroxismo
La CC resolvió a la velocidad de la luz cuando para otros temas, de mucha urgencia y vulneración de garantías, suele demorar semanas.
La Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó ayer un amparo provisional a la fiscal general, Consuelo Porras, ante el temor, manifestado por ella, de ser destituida del cargo, aunque en este momento no se dan los supuestos contenidos en la ley vigente. La CC resolvió a la velocidad de la luz cuando para otros temas, de mucha urgencia y vulneración de garantías, suele demorar semanas. En fin, el miedo de Porras se basa en declaraciones del presidente Bernardo Arévalo y la presentación de una iniciativa al Congreso para reinstalar el artículo que restituye la posibilidad de destitución si, a criterio del mandatario, un fiscal general no está cumpliendo con sus obligaciones a cabalidad.
Dicho artículo fue cambiado en 2016, cuando ocupaba el cargo de fiscal Thelma Aldana, con el objetivo de reforzar la lucha anticorrupción que hoy es, según el Ejecutivo enfrentado a Porras, la razón para volverlo a poner en vigencia. El problema de fondo radica en los criterios casuísticos subyacentes en la modificación inicial y la actual iniciativa. Aun si el pleno aprobara el regreso de la norma a su modo original, vendría una guerra de recursos por la retroactividad o no de la ley.
En todo caso, pese al boato de la caminata junto al gabinete para ir al Congreso a entregar la iniciativa, esta se topó con el ninguneo de la mayoría de diputados, opositores y de la supuesta alianza oficial. Solo la bancada oficial, y algunos otros legisladores, asistieron a la plenaria de ayer y ni siquiera es bancada, debido a los procesos abiertos por Porras contra el partido Semilla por supuestas inconsistencias en su formación en 2017, a las que el MP nunca dio importancia hasta que pasó a segunda vuelta y dejó fuera al delfín oficialista. La CC avaló en enero la exclusión de la bancada oficial de comisiones y presidencias.
El desaire a la propuesta presidencial deja en una posición política aparentemente débil al mandatario, aunque en la práctica lo está desde el inicio de su período. Las negativas a negociar gobernaciones y el manejo de obras exhiben aquí uno de sus costos. La fiscal general Porras respondió en fuertes términos, aunque también redujo la situación a un tema de ataque personal y no hacia la institucionalidad, que es lo importante. Cabe preguntar cuándo y dónde será la presentación del segundo informe de labores de su segundo período.
El 17 de mayo de 2023 lo presentó en el Teatro Nacional, con la presencia de diputados, magistrados y funcionarios, incluyendo al entonces presidente, Giammattei, quien la elogió diciendo que “no se había equivocado” al reelegirla. Aún no sucedían las elecciones en las cuales el oficialismo apostaba todo a una reelección que no llegó. Un año después, se observan varios fracasos en procesos contra exfuncionarios que lograron laxos tratos de admisión de delitos menores o sobreseimientos ante la impavidez de fiscales que reaccionaron tarde y solo apelaron bajo el vendaval de crítica pública.
El presidente Arévalo y la fiscal Porras deberían portarse como profesionales y dignatarios para emprender un diálogo público, en un lugar neutral, con una moderación idónea y presencia de todos los medios de prensa, para exponer sus puntos de cuestionamiento, pero, sobre todo, sus propuestas de trabajo conjunto, a fin de rescatar y, sobre todo, respetar la institucionalidad de los cargos que ostentan. Lo mismo vale recomendar a tantos diputados faltistas o de discurso maniqueo. En la administración de Guatemala abundan las necesidades de intervención urgente, transformadora y con visión de Estado.
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