El asesinato del joven Celso Enrique Girón Ramos, de 17 años, estudiante del Instituto Técnico Industrial Georg Kerschensteiner, de Mazatenango, Suchitepéquez, a manos de exalumnos durante uno de los mal llamados “bautizos” a los de primer ingreso, expone la persistencia de tan nefasta y aberrante práctica. Se trata de una costumbre destructiva que solo exhibe patrones de machismo, violencia y prepotencia por parte de quienes perpetúan tales ciclos que nada tienen que ver con una bienvenida y mucho menos con los postulados de un centro educativo del cual han egresado.

Según declaraciones del director de dicho plantel, difundidas por medios locales luego de la tragedia, esa tradición se practica desde hace 50 años pero ha degenerado de un acto festivo a una sesión de vejámenes. Desafortunadamente no es el primero ni el único sitio en el cual ocurren tan deleznables rutinas sostenidas sobre falsos ascendientes de antigüedad y distorsionados conceptos de pertenencia que no son más que una modalidad de acoso.

El problema de fondo son los modelos violentos de conducta, a veces provenientes de duras vivencias familiares o simples conflictos emocionales no resueltos. Ello no constituye justificación ni excusa, pues muchas personas viven experiencias traumáticas en la niñez pero maduran, aprenden, perdonan e incluso tienen la convicción de jamás repetir tales errores en su familia. No está de más mencionar el pésimo ejemplo de caudillos locales e incluso alcaldes y funcionarios que se jactan de ser violentos, de portar armas a la vista y, por si fuera poco, de gozar de impunidad. Necedades, obcecaciones y lastres mentales suelen ser causales de la continuidad de estos actos.

Apenas el 6 de mayo se había registrado la muerte del estudiante Arón Manasés Alonzo, de 13 años, a causa de una golpiza propinada por “compañeros”. Lamentablemente las denuncias de agresiones previas no fueron atendidas, lo cual ya entraña negligencia. Según el Ministerio de Educación, van 23 denuncias de acoso escolar en este año, aunque se desconocen los protocolos asumidos para atenderlas.

Es necesario que las autoridades educativas refuercen los protocolos de seguridad en las instalaciones de planteles y su perímetro, con apoyo de la Policía Nacional Civil. Así también, los códigos de conducta pueden y deben establecerse con estricta observación para estudiantes, pero también para docentes y directores, que no pueden alegar desconocimiento o impotencia, ya se trate de establecimientos públicos o privados. En abril último se difundía por redes sociales el video de dos estudiantes de secundaria de un centro de Jutiapa que riñeron durante varios minutos sin que nadie interviniera para separarlas; incluso se podían escuchar acicateos para recrudecer el enfrentamiento a golpes. Se desconoce si hubo sanciones, llamados de atención o alguna acción de orientación psicológica para las involucradas.

El problema es tan grave que aún se reportan actos humillantes en ciertas unidades de la Universidad de San Carlos, en las cuales se unta aceite quemado, heces y líquidos malolientes a los alumnos de reciente ingreso. Se vende como humorada y “tradición”, pero en realidad es humillación, deshonra y expresión de vulgaridad. Los promotores afirman que la participación es “voluntaria”, pero hasta en ello está implícita la presión colectiva radicada en la necesidad natural humana de pertenencia y aceptación. Por eso mismo son tan perniciosas estas prácticas.