Editorial

Trágico éxodo requiere asumir responsabilidad

Josely Cristina era una joven guatemalteca de 17 años. Su nombre salió a luz pública ayer, en una paradójica coincidencia con el Día Internacional de la Mujer, debido a que su vida terminó en un barranco de carretera de Chiapas, México. Era una emigrante originaria de San Marcos que se dirigía EE. UU. junto a 23 guatemaltecos, que también perecieron al accidentarse el camión de los tratantes de personas que los trasladaba. Este suceso evidencia que a pesar de las declaraciones y excusas presidenciales persiste una caravana invisible que desangra a la población en edad productiva, mayoritariamente jóvenes, que arriesgan todo a causa de la falta de oportunidades laborales, para intentar encontrar un incierto horizonte de superación lejos de su tierra.

Más de 76 mil migrantes indocumentados fueron detenidos por la patrulla fronteriza de EE. UU. en febrero último, la cifra más alta en 12 años. De ese total, el 90 por ciento son guatemaltecos, lo cual revela la magnitud de la desesperación que se vive en varias regiones del país a causa de la pobreza, una tragedia crónica que demuestra la ineficiencia de los últimos tres gobiernos en estructurar una agenda coherente de desarrollo.

Este éxodo muestra su rostro de aflicción a las puertas de una nueva campaña electoral, de la cual ya hay personajes que se adelantan a repetir las trilladas peroratas en las cuales ofrecen guerra a la delincuencia, dádivas sociales y supuestos empleos, pero sin mostrar efectivamente cómo van a renovar la educación, cómo van a optimizar la prestación de servicios de salud o cómo impulsarán la generación de crecimiento productivo, sobre todo en áreas donde el factor climático ha hecho inviable la agricultura de subsistencia.

Nadie puede presumir de tener panaceas para los retos sociales del país y mucho menos bajo la óptica cerrada de partidismos atomizados, manipulaciones clientelares o exacerbación de emociones colectivas, viejas estrategias electoreras que ya se dejan entrever y que no marcan diferencia alguna respecto de los ocho anteriores procesos. Solo puede ser seria la propuesta que busque desde ya los acuerdos fundamentales para un programa de consenso centrado en transformar al Estado hacia un modelo eficiente, transparentar la gestión pública y combate de la corrupción a todo nivel, fomentar la productividad con enfoque local y proyección global, combatir la infiltración de mafias y consolidar perspectivas competitivas para la generación de guatemaltecos que en este momento está naciendo.

La muerte de Josely Cristina, al igual que la de la niña Jakelin Caal, fallecida en un centro de detención fronterizo, en diciembre último; la de Claudia Gómez, migrante ultimada por un policía en Laredo, Texas, en mayo del 2018, y la de tantas víctimas se acumula en la deuda moral de todas esas oscuras figuras que han hecho del erario nacional un botín a través de sobrevaloraciones, adjudicaciones fraudulentas, compras con facturas falsas, obras inconclusas, plazas fantasma y otros vicios.

Ningún aspirante digno puede pretender continuar el caudillismo que ha lastrado el desarrollo democrático. El plan nacional de consenso resulta imperativo de asumir y refrendar. Comprometerse con una ruta responsable de país debería ser factor de juicio para el voto ciudadano. De lo contrario, seguirán las muertes por desnutrición, persistirá la fuga de jóvenes y se ahondarán los desfiladeros tristes en donde quedan sin vida los guatemaltecos a quienes los politiqueros dieron la espalda.