Más de cinco millones de guatemaltecos acudieron a las urnas, de un total de 8.1 millones, con lo cual el abstencionismo de un 38% constituye un desafío para mejorar la participación en futuros procesos, mas no representa un valladar para darle legitimidad a la voluntad democráticamente expresada y que ahora conduce a una segunda vuelta electoral.

El informe de la Misión de Observación de la Organización de Estados Americanos (OEA) resulta de gran importancia porque en procesos en los cuales existen notorias anomalías es de las primeras instituciones en denunciarlos y en exigir explicaciones. En el caso de Guatemala su informe resalta que no hubo fraude electoral y que los focos de conflictividad en algunos municipios, así como incidentes reportados, no ponen en duda la validez de las elecciones.

Ahora bien, la Misión resalta varias situaciones que se deben investigar para deducir las responsabilidades correspondientes o bien para prevenir que vuelvan a ocurrir. El primero de los factores que golpean el proceso político es la judicialización de candidaturas, que causó incertidumbre sobre la participación de determinadas figuras e indujo cierta dificultad para entablar los diálogos sobre planes de gobierno.

Así también se detectaron casos de transporte de electores en varias localidades, lo cual puede atribuirse al carácter masivo de los comicios. En algunos lugares hubo conflictos a causa de que pobladores consideraban que se trataba de votantes acarreados. En San Jorge, Zacapa, y en Esquipulas Palo Gordo, San Marcos, la tensión devino en disturbios que condujeron a la suspensión de las elecciones, las cuales se reprogramarán previsiblemente para la segunda vuelta. También hubo señalamientos de supuesta coacción a votantes, papeletas que aparentemente estaban marcadas previamente y duplicidad en documentos de identificación, los cuales fueron reportados a las autoridades electorales, que les darán seguimiento.

El sector empresarial también emitió algunas recomendaciones de acuerdo con la observación efectuada en todo el país, entre las cuales figura la necesidad de que las juntas electorales municipales informen mejor a los coordinadores de centros de votación sobre la labor de los observadores, a quienes se les vedó acceso al conteo de sufragios en ciertas localidades. Además resaltaron aspectos logísticos que pueden afectar la experiencia del votante y dificultar la asistencia, tales como deficiencias en mobiliario, en identificación de los centros de votación y falta de sanitarios en algunos centros. Sobre el voto en el extranjero, que reportó la participación de 734 guatemaltecos, de más de 62 mil que estaban empadronados, se sugirió buscar vías para facilitar el acceso a los centros de votación, debido a que la instalación de solo cuatro sedes incidió en el ausentismo.

En todo caso, es innegable reconocer el civismo y el espíritu pacífico expresado por millones de ciudadanos el domingo recién pasado en todo el país. Las cifras están a la vista. Puede haber desacuerdos, dudas, impugnaciones, pero se deben canalizar a través de la vía institucional. Es legítimo presentar quejas, pero no por ello se debe atentar contra la institucionalidad ni poner en duda la transparencia de un proceso del cual el Tribunal Supremo Electoral es rector, pero que no le pertenece a los partidos ni a los candidatos, sino al pueblo de Guatemala.