EDITORIAL
Una piñata abyecta, lesiva y aún impune
En los prolegómenos del recién pasado período electoral, el Ejecutivo vendía como “municipalismo” y “descentralización” el aval para trasladar saldos no ejecutados del presupuesto para el año siguiente.
La aplanadora del anterior oficialismo, integrada por el partido Vamos y adláteres que incluían al narcopartido Unión del Cambio Nacional, aprobó un botín electorero de más de Q6 mil millones en 2022. El supuesto destino era infraestructura vial en rutas principales y secundarias. El discurso era el mismo populismo barato que ahora la auditoría de la Contraloría General de Cuentas evidencia como carísimo y lesivo para el erario, para la ciudadanía y para las comunidades afectadas por obras inconclusas, chambonas o que ni siquiera llegaron a iniciarse. Tales embustes se toleraron a pesar de que hubo pagos a contratistas, algunos de los cuales tuvieron notorio crecimiento de ingresos durante el período de Giammattei Falla.
Al ser cuestionado por el botín electorero que se urdía en el anterior legislativo, durante la presidencia de Shirley Rivera, el entonces ministro Javier Maldonado le daba pie a las sospechas: primero dijo que no sabía en detalle cuáles eran las obras que quedarían a su cargo. En el Congreso, los diputados decían que era el CIV el que proponía la ampliación. Después, Maldonado dijo que muchas obras obedecían a intereses de diputados o exdiputados distritales allegados al oficialismo.
El informe de la Contraloría es lapidario y las evidencias están a la vista. Peor aún, los recursos ejecutados a la sombra de la corrupción y la negligencia superan los Q7 mil millones. Un ejemplo de esta marejada fraudulenta es la “calle-puente-túnel” iniciada en Palín y que sigue inconclusa. Se le abandonó porque empezó a ser construida sin tener todos los estudios necesarios. Quien mira esta chambonada, aún sin ser ingeniero, se puede dar cuenta de que es un bodrio que corre el riesgo de convertirse en un ícono abyecto de la incapacidad.
En los prolegómenos del recién pasado período electoral, el Ejecutivo vendía como “municipalismo” y “descentralización” el aval para trasladar saldos no ejecutados del presupuesto para el año siguiente. También se intentó en el Congreso subir el monto de Q90 mil a Q200 mil a las compras directas de las alcaldías —es decir, sin licitación ni concurso— o elevarles la cifra a los concejos —de Q200 mil a Q2 millones— para avalar obras por mayoría simple. La oposición de la ciudadanía, la censura de tanques de pensamiento y los señalamientos de la prensa independiente frenaron la aprobación de esa otra piñata.
Con razón la manga vamosista quería la reelección a toda costa, aunque fuera con candidato prestado. Es llamativo que a la fecha el exministro Maldonado no enfrente aún ninguna pesquisa del Ministerio Público y menos alguna causa judicial. Sin embargo, con los datos de la Contraloría se acaban las excusas. En su reciente informe diatriba la señora fiscal Consuelo Porras pedía denuncias detalladas. Esta auditoría pone de inmediato a caminar el cronómetro para evaluar la efectividad de los fiscales correspondientes para el encausamiento de los responsables… o más bien los irresponsables.
También hay que ver hacia el futuro. Además de esperar celeridad en el encausamiento de quienes resulten responsables de este desperdicio de recursos, son necesarias acciones coherentes y sistemáticas de las actuales autoridades del Ministerio de Comunicaciones, recientemente sacudido por un súbito relevo. Los cambios al reglamento de Contrataciones del Estado anunciados por Finanzas no pueden tardar meses en llegar. Y a su retorno del inmerecido pero obligado receso, los diputados deben agilizar el aval a la nueva ley de compras y a la de infraestructura vial.
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