Editorial

Urge acuerdo de Nación para el desarrollo

En el Congreso hay una alianza directiva que no termina de cuajar.

Hace 20 años se signó un acuerdo político sin precedentes que parecía marcar nuevos derroteros para el avance de Guatemala en el plano productivo, de infraestructura, educación, oportunidades económicas, salud y, por supuesto, transparencia en el manejo de recursos públicos. Sin embargo, el incumplimiento de la Agenda Nacional Compartida —así se llamaba— firmada por una veintena de agrupaciones lo convirtió en un virtual monumento a la incoherencia, al oportunismo y, una vez más, a la futilidad politiquera.


Más temprano que tarde se incumplieron compromisos firmados por organizaciones que hoy ya no existen o se han metamorfoseado en otros carromatos electoreros, ya sea por escisiones, rencillas, ambiciones o simple estrategia de tener más caballos para competir en el cíclico hipódromo electoral. La mayor y mejor evidencia de este juego de hipocresías está en los discursos variopintos de la veintena de presidenciables en la campaña pasada. Todos ofrecían mejorar la educación, la salud y las carreteras; también prometían ayuda a los sectores más necesitados, capacitación para jóvenes y combate a la corrupción. Y sin embargo, una vez pasadas las elecciones, tales liderazgos vociferantes desaparecieron del foro y hasta se declararon en retiro. Vaya “estadistas”.


El más reciente Informe de Desarrollo Humano (IDH) del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo exhibe indicadores preocupantes: una reducción de tres años en la esperanza de vida, estancamiento en la educación, retroceso en salud e insuficiente generación de oportunidades para una vida digna, sobre todo en las áreas rurales. La pandemia incidió en este descenso, pero la tendencia negativa provenía del 2015.


En el Congreso hay una alianza directiva que no termina de cuajar y en la cual hay un doble juego de fintas, en ocasiones al compás de la minoría oficialista y en otras en contra. A la vez, el anterior oficialismo, junto a sus adláteres que perdieron algunos privilegios, juega la tenta de los fariseos, denunciando pesadas prácticas que ahora les lastiman su obeso orgullo, pero que ellos mismos sostuvieron a lo largo de cuatro años. A la larga, ninguno está lanzando una propuesta de altura cívica para abordar una agenda de Estado en favor del desarrollo humano, la competitividad productiva, la sostenibilidad ambiental y la suscripción de prioridades comunes.


La presidencia de Bernardo Arévalo se acerca a sus primeros cien días, pero también la décima legislatura, sin que se vislumbre la intención de adoptar un mecanismo de consensos vinculantes y subsecuentes en favor de la ciudadanía. El asedio a la democracia bulle de manera subterránea mientras el próximo proceso de postulación de magistrados de Corte Suprema y salas de Apelaciones se asoma como un nuevo casino de oportunismos y chantajes similares a los del 2014 y 2019. De seguir así y si no se refrenan las veleidades, este Congreso podría degenerar hasta terminar como el de los depurables de 1991, con sus vicios y desmanes.

La brújula es clara. El informe IDH señala con preocupación los pendientes en educación, salud e infraestructura. Sendos rezagos tienen nombres y apellidos de irresponsables que han descarrilado esfuerzos, saboteado cambios e intentan sacar raja de la crisis. Autoridades del Ejecutivo y también parlamentarios de esta legislatura pueden y deben evitar que sus nombres se sumen a los de otros defraudadores de la confianza pública. Debe trazarse una agenda de Nación y respetarla.

ESCRITO POR:

ARCHIVADO EN: