Con todo aquel discurso de supuestos apoyos a la productividad, a la atracción de inversiones y de fomento de oportunidades económicas, el gobierno de Alejandro Giammattei degradó el estratégico Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones (Visar), a cargo de controles fitosanitarios y de certificar cumplimiento de normas internacionales para productos de exportación a Estados Unidos, la Unión Europea, Centroamérica, México y otros países. Lo redujo a una dirección, bajo la autoridad del ministro, lo cual complicó los trámites de permisos y avales. Tal entuerto está en proceso de ser corregido pero exhibe las barreras tramitológicas que lastran la competitividad de Guatemala.

De hecho son cuatro los ministerios que más autorizaciones y licencias emiten: Salud, Agricultura, Economía y Ambiente. El problema no son en sí los controles, necesarios para dar certezas de inocuidad sanitaria, seguridad para el consumo humano o animal, certificaciones oficiales y avales de sostenibilidad para el entorno. La dificultad estriba en los tiempos que demora la emisión o denegatoria de solicitudes, debido a limitaciones de personal en ciertos laboratorios o dependencias.

Sectores industriales y comerciales han expuesto la necesidad de revisar el listado de trámites y requisitos para permitir la entrada al país de determinados productos o materias primas, cuya demora suele representar costos de oportunidad y a veces implica la pérdida de potenciales inversiones que prefieren irse a países circunvecinos en donde los procesos son más ágiles, como parte de sus políticas de competitividad. Hay ejemplos de insumos agrícolas cuyo permiso de ingreso puede llevar hasta un año, pese a que están regulados por estándares internacionales.

La prevalencia del uso de formularios de papel y requerimiento de fotocopias, por ejemplo, es otro de los factores que complican el manejo y seguimiento de trámites. Un sello faltante o una hoja desprendida de legajo pueden convertirse en semanas de retraso en una gestión, que además precisa de desplazamiento físico y entorpece la posibilidad de darle seguimiento digital. En el inicio de la tercera década del siglo XXI, con un mundo interconectado y fuerte competencia geoestratégica, esto es simplemente inaceptable.

Existe una cifra reveladora y preocupante: solo 5% de trámites ante el Estado, relacionados con comercio, industria y producción, se encuentran digitalizados. Salud y Agricultura tienen solo cinco gestiones, cada uno, que se pueden efectuar en línea, pese a que son las carteras de las cuales dependen muchas autorizaciones de impacto económico nacional. La posibilidad de hacer pagos en línea ha sido de gran ayuda para emprender requerimientos, pero resulta insuficiente, ya que todavía se depende de ciertos bancos y no es posible pagar con cargo a tarjetas de débito o crédito.

La pandemia demostró la necesidad de la transformación digital y efectivamente precipitó procesos. Existe una ley para la simplificación de requisitos y trámites administrativos, orientada a evitar duplicidades, redundancias o doble documentación. Para completar su implementación se necesitan recursos financieros, equipo tecnológico y también talento humano a la altura de las exigencias éticas y técnicas, lo cual puede golpear ciertos intereses de burócratas que medran al amparo de la vieja tramitología. No obstante, este cambio es la mejor vía para fomentar la transparencia, asegurar el cumplimiento de requisitos y contribuir con la productividad, que es la única vía para generar más empleo.