Cuando se estableció el régimen democrático en Guatemala, en 1986, las exportaciones no tradicionales representaban el 25% del total de exportaciones de bienes. Actualmente, casi 30 años más tarde constituyen el 75% y su valor se multiplicó por 10. Ahora Guatemala tiene una de las economías más diversificadas de América Latina, como lo documentó la Asociación de Exportadores de Guatemala (Agexport) en un informe presentado la semana pasada. Lástima que el régimen democrático no progresó de la misma manera. Después de casi 30 años de contar con un régimen democrático establecido mediante una Constitución imperfecta, pero aceptable, enfrentamos unas elecciones seriamente cuestionadas y un Estado descompuesto, sumido en la inercia, hundiéndose en la corrupción, aislado del mundo y sin perspectivas inmediatas de salida.

La mayor parte de la economía funciona sin Estado, como quisieran muchos teóricos neoliberales. Pero una parte minoritaria de la economía guatemalteca depende de privilegios, contratos y relaciones oscuras y muchas veces corruptas con el gobierno. Esta parte minoritaria se ha extendido y su poder político ha aumentado. La combinación de los negocios y de la política de numerosos diputados, así como de altos funcionarios, lo evidencia. Ello explica en buena parte el deterioro del Estado, aunado a la debilidad que tenía desde que se estableció el régimen democrático en 1985.

Lo que las autoridades de Agexport plantearon en su evento no fue eliminar o desplazar al Estado, sino contar con un Estado honesto que los apoyara. El informe presentado por Agexport permite identificar la serie de obstáculos que para ellos surgen del Estado descompuesto. Estos obstáculos incluyen dificultades para obtener permisos sanitarios, bajo nivel de certificación, debilidades en los programas de promoción comercial y de atracción de inversiones, altos costos de seguridad, gestión inadecuada de la inocuidad y fitosanidad, debilidades en el sistema nacional de calidad, falta de personal calificado en el área de aduanas y procedimientos engorrosos, discrecionales y costosos en materia fiscal, aduanal y ambiental, además de contrabando y de un tipo de cambio apreciado. Pero estos problemas no están siendo resueltos, sino que están empeorando.

El gran problema que enfrentan los exportadores no tradicionales es uno compartido por la gran mayoría de guatemaltecos: a pesar de ciertos islotes que aún operan, el Estado en general no funciona, no sirve, y muchas veces entorpece, daña. El Congreso es inoperante y fuente de rabia de buena parte de la población. El sistema de justicia, presionado por el Ministerio Público y la Cicig, es precario, y el poder ejecutivo parece un cascarón vacío. El Estado tiene cada vez menos defensores. Comienza a debatirse seriamente la idea de un paro nacional, quizás comenzando con paros y movilizaciones sociales parciales, graduales, que finalmente culminen en una gran huelga nacional. El cambio quizás no esté a la vuelta de la esquina, pero los aires de cambio ya no son aires: son anuncios de tempestades.

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