Este año fue crítico para la prensa. El incremento de agresiones documentadas por el Observatorio de los Periodista, 97, y por el Ministerio Público, 117, evidencia que el ejercicio periodístico continúa siendo una profesión riesgosa.

Tres periodistas fueron asesinados este año en Suchitepéquez: Danilo López, de Prensa Libre; Federico Salazar, de Radio Nuevo Mundo; y Giovanni Villatoro, de Servicable, crímenes que fueron condenados y repudiados y que, por primera vez, se generó una reacción de solidaridad como no habíamos visto en muchos años.

Hubo manifestaciones en varios departamentos y en la capital, para exigir el respeto a la prensa y el cese de las hostilidades hacia sus miembros. En la capital, la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), la Asociación de Cronistas Deportivos, la Cámara de Locutores Profesionales de Guatemala y la Cámara Guatemalteca de Periodismo (CGP) conformaron la alianza “Voces por la Justicia”, que hizo público su repudio y exigió a las autoridades proteger a los periodistas.

Directores de medios escritos, radiales, televisivos y digitales, conformaron el grupo “Periodistas por Guate”, para velar por el respeto de los comunicadores y encaminar acciones que desalentaran los ataques en su contra.

Tanto el anterior ministro de Gobernación, como la Fiscal General, el comisionado de la Cicig y el Procurador de los Derechos Humanos escucharon las demandas de los grupos de periodistas y se comprometieron a dar seguridad a los casos de Suchitepéquez y a la familia de Danilo López, quienes continuaron siendo amenazados, y a realizar las investigaciones con agilidad, con participación de la Cicig.

En el 2013 les fue arrebatada la vida a cuatro colegas, también en los departamentos: Jaime Jarquín y Luis Alberto Lemus, en Jutiapa; Luis Lima, en Zacapa, y Carlos Orellana, en Suchitépequez, asesinatos que fueron condenados solo por algunas entidades de prensa.

La prensa departamental es la que más riesgo corre; en las zonas fronterizas las estructuras del crimen organizado y del narcotráfico son una amenaza, por lo que en muchas ocasiones se abstienen de cubrir hechos relacionados con ellas. En otros departamentos, son las autoridades locales las que impiden o violentan los derechos de los periodistas.

Es preocupante que pobladores se han constituido en agresores de los periodistas. En Quetzaltenango, Carlos Ventura y Byron Bravo, de Prensa Libre y Nuestro Diario, fueron atacados por comerciantes cuando cubrían operativos para decomisar mercadería de contrabando. Ventura resultó con una herida en el cráneo, mientras que a Bravo lo rociaron con gasolina e intentaron quemarlo; a ambos los despojadon de sus cámaras.

Las autoridades, la Policía Nacional Civil, las fuerzas de seguridad y miembros de partidos políticos fueron los supuestos agresores en este año, mientras que en Guatemala, Suchitepéquez, Quetzaltenango, Quiché e Izabal se reportaron el mayor número de agresiones, según nuestras estadísticas, que coinciden con los lugares reportados por el MP.

Es deseable que se fortalezcan las instancias periodísticas surgidas en esta coyuntura, que se haga efectiva la solidaridad con los agraviados, que se revise el procedimiento erróneo que impulsó la mesa técnica instalada por el anterior gobierno, que excluyó a la mayoría de periodistas en la redacción de un documento que hoy pretenden sea “validado” y especialmente es necesario que el gobierno electo asuma un compromiso público de respeto a las garantías, libertades y el trabajo de la prensa.