“El financiamiento de la política en Guatemala”, informe elaborado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en nuestro país, ofrece los fundamentos y marcos conceptuales de nuestras percepciones cotidianas. Es un análisis que traza la forma como el financiamiento ilícito otorgado a los partidos políticos tiene como consecuencia la miseria que vemos a nuestro alrededor.

Hay quienes esperaban que la presentación del informe fuera otra bomba que descarnara nombres de personas y partidos probadamente relacionados con el narcotráfico; algo que delatara nuevas redes vinculadas a los presidenciables; esperaban más noticias, más capturas; pero toda investigación seria es un concierto de novedades que requiere un momento de análisis, una explicación en blanco y negro para comprender el entramado que se ejecuta en la práctica.

La presentación del comisionado Velásquez fue una parte del estudio de 120 páginas —y casi 70 referencias bibliográficas— al que se puede acceder por la web. Ese documento debería ser examinado por todos los interesados en transformar el sistema, también sería beneficiosa su lectura y discusión en las salas de redacción de los diarios. Algunos confirmarán lo que ya sabían y otros ampliarán su panorama perceptivo; en cualquier caso, es un aporte valioso para el estado de la cuestión sobre el tema (State of the Art).

La corrupción se ha extendido tanto en todo el territorio, que cada municipio tiene sus microsistemas ilícitos que transan cuotas de poder con los departamentos, estos con el gobierno central, que a su vez interactúa en una dinámica de reciprocidad espantosa, infectada por todo el país. El negocio es grande y complejo. Los responsables son personas repartidas en partidos políticos, ONG, financistas anónimos, recaudadores y medios de comunicación corruptos. La responsabilidad de estos últimos es un tema evadido con frecuencia. Hay medios escritos, radiales o de televisión que reciben dinero en pautas comerciales a cambio de disfrazar la propaganda con noticias, apoyar con anuncios gratis sin reportarlos, otorgar tarifas diferenciadas y otras acciones ilegales que favorecen a personajes o partidos muchas veces relacionados con el narcotráfico. A cambio, obtendrán, además de tales pautas, incidencia en leyes que los favorezcan o hasta puestos de gobierno, incluidas diputaciones. Tan grave es el problema, que “ningún partido o líder político se atreve a desafiar al monopolio por temor a ser vetado”. La incidencia del voto es equiparable a la propaganda, de ahí que los candidatos con más dinero —no los idóneos— sean los que terminan gobernando.

Asistimos a un momento crítico y decisivo de nuestra historia. No es tiempo de apelar a la buena fe o a la conciencia de empresarios y medios de comunicación que estuvieran involucrados en financiamiento ilícito, es hora de apelar a la investigación, para que quienes resultaren favorecidos por la corrupción y contribuyen a la consolidación de las redes político-económicas ilícitas, como las denomina la Cicig, sean enjuiciados al igual que los demás corruptos.

@juanlemus9