Vivimos en un país donde la inseguridad ha sido una sombra que nos ha acompañado, y la prensa no escapa a esta realidad. Los y las periodistas enfrentan diariamente obstáculos y amenazas en su quehacer profesional, que van desde “advertencias o intimidaciones” de parte de funcionarios estatales, quienes se muestran incómodos ante la información que se traslada a la población, hasta ataques que puedan sufrir por parte de particulares o agentes de seguridad pública durante la cobertura, operativos, capturas y hechos de sangre.

Especial mención merecen las corporaciones municipales donde se originan violaciones al derecho de informar y estar informado, agresiones e intimidaciones contra comunicadores y limitaciones al acceso de la información pública. En reiterados informes del procurador de Derechos Humanos se denuncia que son las municipalidades las principales entidades que incumplen la Ley de Acceso a la Información Pública. Este año ocurrió lo mismo.

Esta institucionalidad del Estado, dado su carácter local, debería ser el principal vínculo con la ciudadanía para resguardar y hacer valer sus derechos; sin embargo, frecuentemente son las municipalidades las más señaladas de opacidad y corrupción.

Este año el número de agresiones contra comunicadores disminuyó en comparación con el 2015, periodo en el que el contexto electoral influyó en el incremento alarmante de casos, pero la cantidad de asesinatos no tiene precedente.

El Observatorio de los Periodistas de Cerigua documentó, hasta el 31 de octubre, 56 violaciones contra la libertad de prensa y expresión, mientras que la Unidad Fiscal de Delitos contra Periodistas recibió 86 denuncias; sin embargo, en las últimas semanas se incrementaron los casos. Dos reporteros en Suchitepéquez fueron emboscados con armas de fuego y machetes, una locutora y su pequeño hijo sufrieron un atentado en Petén y un periodista fue atacado por un síndico municipal y un miembro de las fuerzas armadas en Quiché.

Entre los hechos más graves citamos nueve asesinatos de comunicadores y tres atentados, dos de gravedad; a un periodista le perforaron un pulmón y a otro tuvieron que amputarle un dedo por la gravedad de la herida recibida. La mayoría de hechos reportados por Cerigua este año fueron amenazas e intimidaciones, agresiones físicas y materiales y censura. El MP no ha revelado mayores detalles de las pesquisas, por la complejidad de los hechos y para no comprometer la investigación ni poner en riesgo a familiares de las víctimas, pero la Fiscalía destacó que se han reportado importantes avances.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su informe sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala presentado en junio de este año, reiteró que “todo tipo de amenazas, agresiones u hostigamientos hacia periodistas, trabajadores de medios de comunicación o medios en sí deben ser investigados por la justicia, y las autoridades no deben descartar al ejercicio del periodismo como un móvil del crimen antes que se complete la investigación”.

Hay un subregistro de hechos que no se denuncian públicamente, ni en la Fiscalía o la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), principalmente por el temor a ser víctimas de una represalia mayor o porque han considerado estas situaciones como “parte del oficio”.

Reporteros sin Fronteras, una de las entidades especializadas en la vigilancia de la seguridad de los Periodistas, señaló que “frente a la lentitud de la justicia y a la retención de información por parte de las autoridades locales, solo en dos de esos ocho casos ha podido verificarse que el asesinato estuvo relacionado con su labor periodística”, y señaló la inercia de los poderes judiciales.

Y seguimos esperando que el presidente firme el acuerdo que dará vida al Programa de Protección a Periodistas. ¡Urge!

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