Opinión

Editorial

Es crucial la defensa de la institucionalidad

Quienes vieron la posibilidad de forjar una alianza en torno a los grupos que propugnan por frenar la lucha contra la corrupción y la impunidad ya habrán cobrado conciencia de su estéril esfuerzo, del enorme daño que se le ha causado al país y de las consecuencias políticas, económicas y sociales que se derivarán.

Es inconcebible el error de muchas medidas impulsadas por el Gobierno para descabezar a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, sin tener nuevas propuestas para un reemplazo, todo por ser este un modelo que con todo y sus errores había demostrado mayor efectividad de la lograda por las instituciones guatemaltecas, tradicionalmente sometidas al poder político.

Quienes asesoran al mandatario incurrieron en peores errores y lo condujeron a un callejón sin salida, del cual sus posibilidades de movimiento quedaron limitadas a peligrosas maniobras, lo que alertó a la comunidad internacional y a numerosas entidades nacionales sobre los riesgos de un posible rompimiento del orden constitucional y sobre lo cual se encaminarán futuras acciones.

Si bien en Guatemala se han dado diversas muestras de repudio y acciones legales contra las medidas gubernamentales, será del exterior de donde indudablemente vendrán los mayores correctivos. Las máximas figuras de la Cámara de Representantes de Estados Unidos ya han anunciado que el presidente Jimmy Morales no es bienvenido en ese país y prometen impulsar recortes en la ayuda hacia el nuestro.

Ese es un punto crucial sobre el cual todo el aparato político y diplomático de Washington debe trabajar, pues históricamente el castigo a los gobiernos díscolos termina repercutiendo sobre el grueso de la población. Ahora esto debería ser reevaluado porque los congresistas cuentan con nuevas herramientas legales para castigar la corrupción y la violación de derechos humanos, y con aplicaciones específicas se pueden enderezar acciones contra quienes claramente se han colocado del lado equivocado de la historia.

Una operación matemática obligada para el gobierno estadounidense es separar el envío de recursos hacia estos países para determinar los montos que ellos invierten en su propia seguridad y el combate del narcotráfico, los cuales deben seguir conductos diferentes de aquellos fondos destinados a promover el desarrollo y la prosperidad. Esto es importante porque mandatarios como Donald Trump han popularizado la idea de que estos países reciben millonarios recursos, pero no se dice que la mayoría de esa ayuda se gasta en burocracia, seguridad y combate del narcotráfico, las principales preocupaciones de Washington.

El abordaje de la seguridad y la prosperidad deben estar separados y aun la asistencia gubernamental, para que cuando inicien las represalias se haga el menor daño en los sectores menos favorecidos, pero también para dirigir los correctivos a quienes gobiernan en contra del bien común y en perjuicio de la institucionalidad.
Guatemala se encuentra a pocos días de que empiece un proceso histórico que conducirá al cambio de las más altas autoridades, y ese es un objetivo en el que guatemaltecos y países amigos deben concentrar la mirada, principalmente para quienes desde puestos de poder, como el Congreso de Estados Unidos, pueden incidir en que se respete la institucionalidad y la pureza de las elecciones.