Sin duda alguna la preparación del Presupuesto General de Gastos de la Nación es cosa seria y, por lo tanto, motivo de atención de conocedores del tema y expertos en finanzas públicas. El resultado será la suma de los presupuestos particulares que cada institución del Estado, centralizada, autónoma o no, prepara oportunamente, para luego determinar la procedencia de los fondos que permitan cubrir esas necesidades.

La principal fuente de ingresos de la que dispone el Estado para su funcionamiento e inversión proviene de los impuestos que la ciudadanía está obligada a pagar. A nivel internacional se dice que Guatemala es de los países en donde menos se tributa, razón por la que organismos internacionales de financiamiento público ofrecen, no de manera graciosa precisamente, préstamos a través de los que países pobres como el nuestro, paran endeudándose hasta la tercera o cuarta generación para que los gobernantes, esos sí, graciosamente, se den vida de potentados a costas del mísero pueblo que los eligió.

La imagen que podemos tener de nosotros mismos es la de un país rico, cuando no inmensamente rico, a la luz de que cada cuatro años, con la elección de nuevas autoridades, se producen, como por generación espontánea, nuevas camadas de millonarios.

Con la denuncia pública sobre la defraudación aduanera dada a conocer por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, en abril pasado, supimos que sus cabecillas eran la vicepresidenta y el presidente de la República, ahora ligados a proceso judicial. Asimismo, de la multimillonaria cantidad de dinero que esta les producía.

Supimos de otros desmanes alrededor de ese inagotable saqueo de las arcas nacionales. Por ejemplo, de cómo burócratas concentrados en la dirigencia de sindicatos logran la negociación periódica de granjerías más allá de toda lógica y legalidad mediante presión a funcionarios venales. En Salud, el beneficio llega a Q1,800 millones anuales, entre los que no está cuantificado el robo de medicinas que implica drenaje económico y desabastecimiento de las bodegas de los hospitales, poniendo en riesgo vidas humanas, que a sus dirigentes parece no importar; aparte están los Q20 millones de honorarios del letrado por alcanzar el pacto colectivo.

El sindicato de Educación se beneficia con Q1,500 millones al año, pero su ineficiencia tiene sumida a la niñez y juventud en una paupérrima formación académica que impedirá su futuro desarrollo personal.

El gobierno que asumirá el poder el 14 de enero de 2016 tendrá que constituirse en un parteaguas entre la corrupción reinante y el buen manejo de la cosa pública. Para lograrlo tendrá que retirar la basura institucional, reducir la burocracia inútil, ajustar salarios, revisar los pactos colectivos y, sobre todo, eliminar el robo indiscriminado en toda su escala jerárquica.

Sin saber de economía, considero que poner orden en la administración, si bien no será fácil, es indispensable; eso permitirá al Estado contar con fondos para funcionar e invertir en lo esencial, antes de incrementar impuestos y pensar en grandes proyectos.

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