Sinceramente, no logro comprender a los diputados. Digamos, bien se entiende que en su mayoría representan intereses deshonestos, y que las preocupaciones nacionales no son —ni por asomo— las suyas. Pero a ese pesar, de veras, aunque sea solo por temor al confinamiento de la cárcel, uno esperaría verles sosegar ante la amenaza de una fortalecida fiscalía, que es atento testigo de sus actos. Esto, sin embargo, no aparenta ser el caso de iniciativas como el reciente interés resurgido por elegir a la directiva del Consejo Nacional de Atención al Migrante Guatemalteco (Conamigua). Este ente se ha demostrado inútil para el país, pero sumamente práctico para quienes manipulan la institucionalidad guatemalteca para lograr ilegítimos fines económicos y de poder.

Conamigua ha sido un desperdicio criminal, por dos razones principales. Primero, por vilipendiar al migrante, utilizando su causa, su tragedia y su penuria para justificar una existencia que ha sido vana. El consejo tiene ya 10 años de existencia, y no recuerdo un solo mérito que me invite a pensar lo contrario. Y segundo, porque vilipendia también el erario nacional, malgastando recursos que podrían —y deberían— encausarse para asistir a las personas migrantes y sus familias, en asuntos de su real interés. Pero el abandono administrativo y político hacia el expatriado ha sido una constante en el país, bajo ciencia y paciencia de este consejo que —solo por poner unos ejemplos— omitió diseñar una política nacional para atención al migrante —como le ordena su ley—; jamás intervino en el caos de documentos en el exterior —que es el principal problema del migrante guatemalteco—; y, más recientemente, calló ante el peligro que sufren nuestros compatriotas en EE. UU., a partir del advenimiento de la xenofobia de Trump.

Este consejo es burocracia prescindible. Su operación ha estado suspendida desde hace casi un año, y nadie más que sus propios trabajadores han sufrido su ausencia temporal. Algunos sectores —legítimamente preocupados— llaman a reactivar nuevamente su funcionamiento; pero tengo certeza de que cambiarían de opinión, si revisaran que el nuevo Código de Migración —vigente desde abril— crea una nueva institucionalidad a cargo de las mismas tareas que Conamigua no realiza. El Código creó: a) la Autoridad Migratoria Nacional, que —similar a Conamigua— reúne a los ministros y funcionarios apropiados para discutir y diseñar la política migratoria nacional; b) el Instituto Guatemalteco de Migración, que debe ejecutar y administrar esa política; y c) un Consejo de Atención y Protección al migrante, tutor del problema adentro del país. Permanece el vacío de la protección al expatriado radicado en el exterior, quien de acuerdo con el diseño institucional de nuestro Estado está a cargo del sistema consular, bajo observancia de entes como la Procuraduría de los Derechos Humanos.

Sería valioso que el país deje ya de hablar de Conamigua y que, en cambio, ponga presión al Gobierno Central para que active la normativa positiva del Código de Migración. La activación de la Autoridad Migratoria, a cargo de la Vicepresidencia de la República, es el primer paso necesario. Conforme vaya tomando forma la nueva institucionalidad, se irá haciendo más evidente que el Conamigua no tiene más utilidad que servir a intereses políticos desde el Congreso. Ojalá que los diputados ajenos a este cuestionable interés pongan reparos a la nueva convocatoria diseñada por la Comisión del Migrante del Congreso. En esta, es inverosímil que para evitar ser reparados nuevamente por elegir a candidatos que no reúnen los requisitos de ley, estén decidiendo eliminar los requisitos, en vez de elevar el perfil de los candidatos que convocan. Qué tal, estos diputados. ¿Usted los entiende?

@pepsol