La OIT estima que el desempleo se ha duplicado en los últimos 15 años. Una masa de desempleados o cuentapropistas enmascara al paro. Según la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos de 2015, el 75% de los hombres y el 73.7% de las mujeres trabajadores carecen de acceso al IGSS. Se incumple mandato constitucional a la seguridad social.

En consecuencia, no es ocioso discutir el futuro del Seguro Social cuando el telón de fondo es una masa vulnerable de trabajadores instalados en la supervivencia sin futuro. La izquierda no busca privatizar, sino mejorar la cobertura. Los diputados gozan de libertad para informarse y pueden aceptar invitaciones para viajar a otros países para conocer sistemas de seguridad social. El MP no es la inquisición. Las denuncias infames son del pasado. Los señalamientos deleznables contra los representantes son una maniobra oprobiosa, debida al ambiente de judicialización de la política.

La mayoría de técnicos y dirigentes laborales honestos confían en que se podrán diseñar instituciones públicas que convoquen a la colaboración altruista y el trabajo honrado de sus integrantes. No toda institución pública es un nido de ladrones, como aseguran los neoliberales y sus enmascarados aliados. Por lo tanto, se puede discutir y reformar la seguridad social.

Nuevas ideas se indican: 1. Amerita separar los servicios de salud del manejo financiero de la seguridad social. En salud deben impulsarse sendos sistemas públicos para atender a los trabajadores de las empresas privadas y otro a los trabajadores del Estado. Toda institución monopólica del Estado impulsa el patrimonialismo, que tiende a la corrupción sistémica generalizada. La Constitución Política actual mantuvo la impronta de mitad del siglo pasado, sancionando monopolios estatales en educación superior, salud etc. Por ello se debe proceder a la reforma.

2. El manejo financiero de los sistemas de pensiones por jubilación, accidente y supervivencia deben generalizarse. No es posible que existan sistemas paralelos sin asidero financiero, tales como la protección a la tercera edad del Ministerio de Trabajo. Así, las pensiones por vejez, aunque se incrementan con el presupuesto, como ahora, deben colocarse en fondos financieros situados en los bancos. Los trámites deben ser claros, directos y simples. Se debe evitar el regateo y exclusión, aunque sin caer en la simulación y despilfarro. Por lo tanto, debe expresarse un límite inferior preciso y también un máximo conveniente, para toda garantía financiera en seguridad social.

3. Debe existir promoción de ingreso a los diversos seguros sociales entre la mayor parte de los ciudadanos. La inscripción debe ser tanto para los trabajadores de empresas como para quienes laboran por su cuenta. Estos seguros sociales deben operar como fondos públicos. Lastimosamente existe un descrédito de los fideicomisos; no obstante son la figura legal que conviene a los fondos financieros dedicados a la seguridad social. Una buena regulación y controles para impedir la corrupción permitirían manejar esos recursos monetarios para beneficio de la población.

¿Para qué proponer, si los que deciden siempre son un grupillo de descalificados instalados en el poder paralelo? Sin embargo, las ideas no deben callarse. La democracia necesita de propuestas mínimas por parte de quienes no se encuentran en las posiciones de poder del Estado. Son la posibilidad optimista de conseguir un futuro que no se parezca a la realidad opresiva del presente. Permiten afirmar la redención social de los oprimidos, excluidos y silenciados.

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