Mientras el presidente emprende un arriesgado proyecto, casi en solitario, para desmantelar los esfuerzos contra la corrupción, en el país el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala pusieron al descubierto un nuevo caso por financiamiento electoral ilícito durante la anterior campaña eleccionaria.

Thelma Aldana e Iván Velásquez informaron sobre serias anomalías en el uso de recursos financieros en los partidos Libertad Democrática Renovada (Líder) y Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), cuyos secretarios generales habrían incurrido en manipulación de información y subterfugios para ocultar manejos dudosos de esos fondos.

Sin embargo, la huella del dinero ha facilitado la presentación de demandas de retiro de antejuicio en contra de Roberto Villate, de Líder, y Orlando Blanco Lapola, de UNE, quienes fungían como secretarios generales de esas agrupaciones durante el proceso electoral celebrado en el 2015.

Con este descubrimiento se abre una nueva brecha en la lucha contra la corrupción en la política partidaria, y en el marco de la presentación se dijo que con estos dos casos se inicia una profunda investigación sobre todas las agrupaciones participantes en la anterior contienda electoral que despierten sospechas sobre sus manejos financieros o de oscuros o injustificados aportes que no hayan quedado debidamente registrados.

La pregunta obvia de los medios de comunicación giró en torno al estado de las investigaciones sobre el financiamiento y las denuncias penales por irregularidades que pesan sobre el partido oficial, FCN-Nación, cuyo secretario general en ese mismo período era el actual presidente, Jimmy Morales, pero la jefa del MP se apresuró a decir que las pesquisas empiezan y que en su debido tiempo se harán las respectivas denuncias si se consolidan las irregularidades planteadas por el Tribunal Supremo Electoral.

Este nuevo caso, aunque no es una novedad, aporta detalles para comprender el corrupto proceder de los máximos líderes de los partidos políticos, y por eso la misma Aldana debió aclarar que, aunque de momento las denuncias son contra esos dos diputados, la profundización de las investigaciones podría permitir extenderlas contra los máximos dirigentes de esas agrupaciones.

Así debe ser, porque los partidos políticos cuentan con estructuras directivas amplias en las que los máximos dirigentes son los que avalan cualquier movimiento dinerario o recepción de aportes, sobre todo en un país como el nuestro, donde los fundadores de estas agrupaciones se convierten en los caciques cuando se trata de la toma de cualquier decisión.

Esos son los esfuerzos que se esperan de las autoridades, porque son investigaciones que constituyen un enorme paso en la depuración de un sistema corrompido hasta sus cimientos, y por ello se explica el abuso de poder, como también lo evidencia ahora el presidente Morales, quien parece haber tomado la ruta opuesta a esos esfuerzos y en lugar de asumir con responsabilidad sus obligaciones confunde los asuntos de Estado con los personales, en claro perjuicio de la Nación.